Frente al creciente interés que reclaman los inversores para adquirir deuda autonómica, la mayoría de comunidades apuestan por unir fuerzas con el Estado a través de los hispabonos, para ganar credibilidad ante los mercados y abaratar el coste de su financiación.
En medio de la convulsa crisis de deuda europea, las comunidades reivindican este mecanismo con el que persiguen armonizar las diferentes emisiones que llevan a cabo y las del Estado con la garantía del Tesoro Público.
Pero ya no se trata para algunas de un intento de rebajar las exigencias de los inversores, sino de un instrumento para evitar casos como el de la Generalitat Valenciana, que ha llegado a colocar deuda a seis meses al 7 por 100.
Este interés supera al que pagan los gobiernos de Grecia (4,55 por 100), Portugal (2,9 por 100) e Irlanda (0,98 or 100) cuando salen al mercado con productos similares.
«Siempre hemos defendido que necesitamos los hispabonos para competir en igualdad y financiarnos a intereses más bajos. Van a llegar, pero mientras tenemos que ir cumpliendo los vencimientos», ha afirmado el portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar.
El Ministerio de Economía y Competitividad lleva trabajando desde el pasado mes de marzo en esta posibilidad reclamada abiertamente por comunidades como Cataluña, Murcia y Castilla y León, aunque todavía no ha decidido cuándo comenzarán estas emisiones y el importe que se ofrecerá a los inversores, si bien no será antes de que concluya el primer semestre.
El departamento que dirige Luis de Guindos creará un ente para emitir este tipo de deuda de las autonomías, que pagan un sobrecoste de mil millones de euros al emitir títulos con un interés mayor que el exigido al Estado.
El PSOE también apoya esta medida, que serviría como «precedente» a la iniciativa planteada por varios países de la Unión Europea de lanzar a nivel comunitario los eurobonos.
¿Cómo recibirán los inversores estos hispabonos? «Los mercados viven en permanente sobresalto, por lo que ante este instrumento no se van a serenar extraordinariamente, pero añaden la garantía del Tesoro, institución menos degradada a vista de los inversores que las autonomías», responde a Efe Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Santiago.
Según Caramés, este mecanismo «quizá» sirva para relajar a los inversores, porque el aval del Estado «es una manera de ganar credibilidad».
No obstante, advierte de que «no es nada seguro» que baje el interés automáticamente con los hispabonos, ya que podría hasta «incrementarse» por el «efecto contagio de algunas comunidades que hace mucho tiempo son susceptibles de rescate».
Comunidades consultadas por Efe apoyan la puesta en marcha de este sistema, como es el caso de Extremadura, que considera «interesante» cualquier mecanismo que alivie las necesidades de obtención de fondos «en un entorno de restricción crediticia como el actual», según fuentes autonómicas.
Para el Gobierno de Aragón, puede ser una buena herramienta, «pero no necesariamente para todas las comunidades», indican fuentes del Ejecutivo que preside Luisa Fernanda Rudi, que precisan que «habrá que estudiar en cada caso las condiciones en que pueden financiarse para ver si es interesante o no».
Canarias cree que se trata de «un mecanismo positivo» pero solicita que «no se trate a todas las comunidades autónomas por igual a la hora de establecer las condiciones de estos hispabonos».
«El Estado debe distinguir entre aquellas, como la canaria, que responsablemente han contenido su déficit y su deuda pública y que, además, mantienen un rating idéntico al del Gobierno de España, a diferencia de otras autonomías», aseguran fuentes del Ejecutivo de Paulino Rivero.
En la Junta de Andalucía califican de «una medida interesante» este instrumento, «si se normalizan los mercados», mientras que Madrid afirma que «todo instrumento que pueda mejorar la liquidez de financiación de las administraciones públicas y a mejores precios siempre puede ser positiva».
No obstante, recuerdan desde Madrid que esta región «tiene acceso a los mercados, tanto en volumen de demanda por parte de los mismos como a los mejores precios que consigue una autonomía, gracias a su solvencia».
Hasta que no se detallen las características de este instrumento no se quiere pronunciar el Gobierno de Cantabria, aunque piensa que «puede ser una buena idea para facilitar el acceso a la financiación por parte de las comunidades, siempre y cuando se cuente con el aval del Tesoro».
Con buenos ojos vería el Ejecutivo de Castilla-La Mancha que se pusiese en marcha este tipo de bonos, en tanto que el Gobierno vasco defiende que las cuentas de las comunidades necesitadas del aval y la garantía de Reino de España deberán reflejar «un compromiso firme y creíble de equilibrio presupuestario».