El Gobierno regional y los sindicatos mayoritarios de la función pública, CCOO, CSIF y UGT, han aprobado hoy, en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de estabilización en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 en Administración General, Educación y Sanidad, que asciende a 4.058 plazas.
Tras el proceso de negociación colectiva, la distribución de la OEP para la estabilización del empleo público queda repartida, por sectores, en 2.651 plazas para personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), 917 para personal funcionario docente no universitario y 490 para la Administración General que, a su vez, se reparten entre 219 plazas de personal funcionario y 271 de personal laboral.
Del total de plazas, 2.070 se convocarán mediante el sistema de concurso-oposición, concretamente, 105 en Administración General, 801 en Educación y 1.164 en Sanidad. El resto, 1.988 plazas, se convocarán por el sistema de concurso: 385 en Administración General, 116 en Educación y 1.487 en Sanidad.
Reducir la tasa de temporalidad
La propuesta de la OEP para la estabilización del empleo ha sido aprobada en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, que ha tenido lugar hoy y que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez. También ha contado con la participación del director general de recursos humanos y planificación educativa, José Manuel Almeida; y del director general de recursos humanos del SESCAM, Íñigo Cortázar.
Esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo que cada año convoca el Ejecutivo autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos que desde 2016 ha permitido aprobar más de 15.700 plazas y que tiene la previsión de llegar a más de 20.000 plazas en 2023.
De esta forma, se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es de por sí una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.