Las organizaciones ecologistas Ardeidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/BirdLife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF han presentado un documento conjunto de alegaciones al Plan de Gestión de las ocho Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de ambientes esteparios.
En un comunicado, las organizaciones ambientales han explicado que en su escrito solicitan a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que mejore «notablemente» el borrador del plan sometido a información pública.
Han pedido a la Consejería que no se deje influir por las «injustificadas» solicitudes de las organizaciones agrarias porque, a su juicio, si se aceptan no se resolverá nunca el problema de seguridad jurídica que se mantiene sobre las ZEPA y hacen peligrar la llegada de 40 millones de euros de ayudas europeas que llegarían del Plan de Desarrollo Rural (PDR).
En las alegaciones, los ecologistas han defendido la importancia de las ZEPA de aves esteparias y la necesidad de aprobar un plan de gestión que aúne criterios de conservación con el mantenimiento e impulso de «una agricultura verdaderamente sostenible y rentable económicamente».
Han apostado por trabajar en la mejora de rentabilidad del modelo agrícola que ha permitido conservar especies y donde predominan los cultivos extensivos de cereal, frente al avance de un modelo intensivo que «daña y pone en riesgo» los valores naturales de estos espacios.
En este sentido, hacen énfasis en la incompatibilidad de las espalderas y de nuevos cultivos leñosos con el hábitat de las especies esteparias, y en el perjuicio directo sobre las aves, el agua y la salud de las personas que supone el empleo de semillas blindadas y de pesticidas, en particular de los herbicidas como el glifosato que se emplea en la siembra directa.
Así, estas organizaciones han señalado que se oponen «rotundamente» a que en las ZEPA continúen las transformaciones de cultivos, a la siembra directa y a que no se limite el uso de pesticidas.
Del mismo modo, han rechazado el supuesto impacto y las limitaciones que las ZEPA generarían en la agricultura ya que se trata, únicamente, de 200.000 hectáreas, que supone menos del 6 por 100 de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha.