Las sanciones al exvicepresidente de CCM Jesús Bárcenas y al que fuera vocal del Consejo de Administración de la entidad y alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, son las primeras que el Banco de España hace públicas y que coinciden con la de menor cuantía económica.
Tras la intervención de CCM por el Banco de España el 29 de marzo de 2009, el órgano supervisor abrió expedientes sancionadores a los máximos responsables y directivos de la entidad, así como a una veintena de miembros que formaron parte del Consejo de Administración en la última etapa de la Caja.
Sobre estas sanciones, tanto Bárcenas como Cotillas han declinado hacer valoraciones al ser consultados por EFE.
Se da la circunstancia de que Cotillas, también senador del PP, abandonó el Consejo de Administración de CCM el 31 de marzo de 2008, un año antes de la intervención del Banco de España, que ocurrió el 29 de marzo de 2009, mientras que Bárcenas, que también fue presidente de Cepyme, lo dejó en enero, es decir dos meses antes de que el Banco de España tomara las riendas de la entidad.
Las mayores sanciones que en su día propuso el Banco de España por la gestión de CCM fueron para el expresidente y exdirector general de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, respectivamente.
En el caso de Hernández Moltó el Banco de España pidió una multa de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación, mientras que para el que fuera director general fueron 150.000 euros y también cinco años de inhabilitación.
El total de las sanciones propuestas asciende a 1.085.000 euros para una veintena de exconsejeros.
Entre los propuestos para sanción también está el que fuera vicepresidente de la entidad, Federico Rodríguez Morata, para quien el supervisor propuso 90.000 euros, otros 80.000 para el representante de los trabajadores, Carlos Jiménez (UGT), y 100.000 para otro expresidente, Tomás Martín Peñato.
Para el exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo (PSOE), que presidió la comisión de inversiones, la propuesta de sanción fue de 57.000 euros y para Emilio Sanz, uno de los consejeros propuestos por el PP y que abandonó la caja cuando se lo pidió su formación política, 40.000 euros, mientras que la sanción propuesta para la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero (PP), ronda los 20.000 euros.