La administración concursal ha cifrado en 2,4 millones de euros el déficit patrimonial que tiene la Confederación Provincial de Empresarios (CEOE-Cepyme) de Ciudad Real, entidad que en la actualidad se encuentra en concurso voluntario de acreedores.
Así se desprende del informe presentado por la administración concursal ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real, al que ha tenido hoy acceso Efe.
En este informe, en el que se recoge el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores que tiene la entidad, se detalla el proceso seguido desde que en noviembre de 2012 CEOE-Cepyme presentó en el juzgado la solicitud de concurso voluntario al amparo de lo previsto en la Ley Concursal.
El informe reconoce que la situación patrimonial de CEOE-Cepyme en el momento de entrar en concurso de acreedores, teniendo en cuenta la masa activa y la masa pasiva, que incluye los créditos reconocidos más las deudas contra la masa, aportaba un déficit patrimonial de 2.405.747 euros.
La administración concursal reconoce que la organización empresarial tiene una masa activa de 3.974.779 euros, incluidos los terrenos y las construcciones que posee por valor superior a 3,7 millones, además de otros activos, entre los que se encuentran las deudas pendientes de cobrar, el mobiliario y las inversiones financieras a largo y corto plazo, entre otras.
Por el contrario, reconoce como pasivo de la entidad créditos ordinarios por valor de algo más de 2,6 millones de euros y créditos con privilegio especial por importe de cerca de 3 millones de euros, además, de otros créditos subordinados y contra la masa que alcanzan los 6.380.526 euros.
Entre los acreedores reconocidos figuran entidades bancarias como el Banco de Castilla-La Mancha, con un préstamo con garantía hipotecaria con un valor reconocido de 2.976.574 euros, además de Globalcaja con varias pólizas de garantía y préstamos por importe de 1.337.000 euros.
Además CEOE-Cepyme mantiene deudas con entidades como la Agencia Tributaria por importe de 122.320 euros, con el Servicio Público de Empleo por importe de 187.793 euros, con el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Ciudad Real por importe de 110.120 euros, con la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) por importe de 159.864 euros o con la Tesorería de la Seguridad Social por un importe de 62.506 euros.
Entre los acreedores también se encuentra un buen número de pequeñas empresas privadas e, incluso, figuran los propios trabajadores de la organización empresarial.
Según el informe de la administración concursal, una vez analizada la contabilidad y la historia económica de CEOE-Cepyme, la principal causa por la que se encuentra en la situación actual esta entidad se debe a la fuerte inversión efectuada en la nueva sede, construida en Miguelturra.
Esta sede, asegura, se edificó sobre un terreno cedido gratuitamente por el Ayuntamiento, pero su construcción resultó excesivamente cara.
Además, el coste de mantenimiento de la misma es muy elevado y las instalaciones se encuentran, actualmente, infrautilizadas.
Como consecuencia de la construcción de su sede, la concursada mantiene «una importante deuda» con el Banco de Castilla La Mancha.
Por otro lado, el informe concursal señala que CEOE-Cepyme se vio «fuertemente afectada» por la morosidad de sus asociados.
Además, explica que entre los ejercicios 2011 y 2012, dotó provisiones y pérdidas de créditos comerciales incobrables, por importe de 740.738 euros.
Por otro lado, la administración concursal destaca en su informe que en los últimos meses CEOE-Cepyme ha recibido notificaciones solicitando la reintegración de determinadas subvenciones, por perder el derecho a las mismas, al no haber justificado la totalidad de la inversión que constituía su objeto.
Algunos de los reintegros solicitados ya han sido compensados con deuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantenía con CEOE-Cepyme, mientras que otros todavía están pendientes de reintegro, dotándose de una provisión, en el ejercicio 2012, por importe de 600.000 euros, para cubrir eventuales devoluciones.
Estas compensaciones, reconoce la administración concursal, mermaron los ingresos corrientes presupuestados, «aumentando la iliquidez de la Confederación».