«El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto al Cuerpo de Agentes Medioambientales en su punto de mira con el objetivo de desintegrar la inspección y el control ambiental», ha denunciado el coordinador regional de este colectivo del sindicato CCOO, Luis Roa.
El representante de Comisiones Obreras ha añadido que «con la llegada de Cospedal al gobierno regional, se ha degradado enormemente la eficacia del servicio público que prestamos. Y la razón no es la crisis económica, sino las decisiones políticas que se han tomado de forma consciente y premeditada, encaminadas a la desintegración de la inspección y control ambiental».
Roa ha hecho estas declaraciones acompañado del coordinador estatal de Agentes Medioambientales de CCOO, Alejandro Pazos, y del responsable de Política Sectorial de la FSC de CCOO, José Fernández.
En rueda de prensa, ambos trasladaron «el total apoyo y respaldo a los agentes medioambientales de CLM» y advirtieron de que Cospedal está convirtiendo a la región en un «campo de ensayo, para su posterior extensión al resto del país, de un modelo extraordinariamente agresivo sobre el medio natural y sobre los recursos públicos para su protección», y en concreto sobre un colectivo, el de los agentes medioambientales, «que lo único que queremos es trabajar con eficiencia para que el medio ambiente tenga la protección adecuada».
«El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha», explicó Roa, «había experimentado, desde la desaparición del Icona y el traspaso de las competencias del Estado a las comunidades autónomas, un proceso de desarrollo discontinuo, que en los últimos años (2004-mayo 2011), se orientaba claramente hacia la mejora en competencias, dotación de medios; organización y eficacia del trabajo, imagen pública».
Señala que este proceso se truncó con la llegada de Cospedal. Desde entonces «venimos constatando una fijación hacia el colectivo -unos 520 funcionarios en CLM- que se evidencia con la adopción por parte de la consejería de Agricultura que dirige María Luisa Soriano de decenas de decisiones de dudosa legalidad y, en todo caso, contrarias al interés público», explicó Roa.
Apunta que se han sustraído medios de trabajo de los agentes, ha desaparecido la coordinación y «el personal de confianza de Maria Luisa Soriano amenaza con expedientes disciplinarios a los agentes que denuncian delitos medioambientales o trasladan a los que hacen denuncias incómodas».
Roa citó algunos ejemplos concretos como cuando el delegado de Soriano en Cuenca implantó -aun siendo «incompetente funcional y orgánicamente- un «protocolo de cacerías» mediante el que se reservaba a sí mismo la potestad de decidir qué cacerías debían o no investigar los agentes medioambientales.
Igualmente, explica, el delegado en Toledo prohibió a lo agentes medioambientales remitir a los juzgados las denuncias de los delitos medioambientales de los que tuvieran constancia. Sólo él podría decidir qué denuncias debían llevarse a la Justicia y cuáles no. A instancias de CCOO, la propia Fiscalía tuvo que parar los pies a este alto cargo de Soriano.
Roa reiteró también la alarma del colectivo de agentes medioambientales ante la forma en que nuestra comunidad afronta este año la campaña de incendios forestales. «A la descoordinación de la inspección ambiental le sigue falta de eficacia operativa de la extinción de incendios forestales, que se añade y agrava el impacto de los recortes en medios humanos y materiales,» advirtió.
«Durante los incendios del pasado año faltaron medios materiales y humanos, se superaron ampliamente los tiempos de permanencia en extinción, no se respetaron los tiempos de descanso o las medidas de seguridad más elementales y tampoco hubo comunicaciones durante horas. El autobús donde Cospedal daba sus ruedas de prensa, llegaba puntual a cada incendio; pero no llegaba el repetidor».
«Hubo suerte el año pasado. Los riesgos que se corrieron no pasaron a mayores. Pero con el diseño y dotación del operativo antiincendios dispuestos para esta campaña, vamos a necesitar mucha más suerte aún que en 2012», concluye.