Los alcaldes socialistas pondrán en marcha iniciativas en contra de las entidades financieras que mantengan los desahucios, por ejemplo la retirada de depósitos municipales, y negarán la colaboración de las policías locales en los procesos de desalojos. Se trata de algunas de las medidas recogidas en una declaración firmada por casi medio centenar de alcaldes del PSOE, reunidos en la sede madrileña de la calle Ferraz con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano; la secretaria de Política Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez Piñero, y otros miembros de la Ejecutiva Federal, para abordar el problema de los desahucios.
En rueda de prensa posterior, Valenciano -acompañada por los regidores de Toledo, Emiliano García-Page, y el de Vigo, Abel Caballero– ha dejado claro que los socialistas van a hacer todo lo que esté en su mano desde el partido y desde las instituciones en las que gobierna «para que ninguna familia española se quede sin techo».
Después de subrayar que se trata de que se paralicen todos los desahucios hasta que haya una nueva ley y no sólo los contemplados en la moratoria del Gobierno, ha precisado que no están pidiendo «actos caritativos», porque el problema de los desahucios se ha generalizado a gran parte de la clase media.
También ha advertido de que hasta ahora ha funcionado la red de solidaridad de las familias, pero hay muchas que «ya no pueden más» y se están «resquebrajando».
«HABLAMOS DE DERECHOS, NO DE CARIDAD»
«Y estamos hablando de derechos, no de caridad. Esto es lo que la derecha de momento parece no entender», ha apostillado, para insistir a renglón seguido que el PSOE no quiere parches como los que ha ofrecido el Ejecutivo, sino soluciones que arreglen el problema de fondo.
Tanto Abel Caballero como García-Page han insistido en el papel de control que deben ejercer los ayuntamientos para frenar los desahucios, con medidas que ya se están poniendo en marcha «y en algún caso con éxito» como el asesoramiento legal a los afectados, programas de mediación y renegociación de la deuda hipotecaria o la puesta en marcha de parques públicos de viviendas de alquiler.
En Vigo, ha explicado Caballero, se está negando la participación de la Policía Local en procesos de desahucios siempre que la solicitud no sea por requerimiento judicial sino de las comunidades autónomas y se está dando publicidad positiva en las páginas web a las entidades financieras que están siguen las pautas que el municipio considera correctas.
También Page ha insistido en que los ayuntamientos deben ser la administración que «más presione» para que se modifique de manera contundente la legislación hipotecaria, para lo que se deben «condicionar las relaciones financieras de las entidades municipales con los bancos en función de los criterios que están pidiendo los ciudadanos».
Los alcaldes socialistas se han comprometido además a crear oficinas de orientación y asesoramiento y grupos de trabajo que busquen alternativas para las personas afectadas, así como a elaborar registros de familias desahuciadas y en riesgo de estarlo.
También plantearán la reducción de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas que pierdan su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación en pago.
«TERRIBLE DRAMA»
Para ello, el PSOE desplegará una intensa agenda de contactos con todos los agentes implicados en este «terrible drama» y ha decidido empezar por los alcaldes, que «no se van a quedar quietos» ante una situación «profundamente injusta».
Sobre el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, ha considerado que es «menos que un parche», aunque ha confiado en que pueda mejorarse notablemente durante su tramitación como proyecto de ley.
Respecto a supuestas pegas por parte de la UE para cambiar la ley hipotecaria, Valenciano ha enfatizado que la legislación española no se parece a ninguna de las europeas porque establece enormes desigualdades entre el deudor y el banco, y «esa batalla» es la que se puede ir a dar a Bruselas si pone alguna dificultad.
Valenciano ha aprovechado para aclarar que no tiene «ninguna diferencia» con la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, con quien la semana pasada mantuvo un intercambio de mensajes a través de Twitter cuando la segunda escribió que hay que pagar las deudas y la «número dos» del PSOE le replicó preguntándole dónde había dejado «su alma socialista».
«Me pareció una expresión poco afortunada», porque las personas que se ven ahora en un proceso de desahucio no son aprovechados ni listillos y no es oportuno «frivolizar sobre ello.