Los lanzamientos practicados por los juzgados de Castilla-La Mancha durante el primer trimestre de 2017 han aumentado un 16,5 por 100 respecto al año pasado, un dato que supone el primer incremento interanual después de cuatro trimestres consecutivos de descenso.
Este incremento estaría relacionado con el aumento de desahucios derivados de contratos de alquiler, ya que aumentan más de un 22 por 100.
Así lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado, donde se hace eco de los números incluidos en el primer informe trimestral sobre Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado hoy por el Consejo General del Poder Judicial.
El comunicado indica que en la región se han practicado 712 desahucios entre enero y marzo, un 16,5 por 100 más en relación al primer trimestre de 2016, una subida que «obedece al aumento de los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con 302 casos, lo que representa un incremento del 22,3 por 100 respecto al primer trimestre de 2016.
También han subido un 15,8 por 100 los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias, con 395 casos en las cinco provincias.
El documento indica también que hubo menos ejecuciones hipotecarias, 479 por las 698 de 2016, es decir, un 31,4 por 100 menos.
La disminución se ha producido en todas las provincias castellanomanchegas, pero tiene «especial incidencia» en Cuenca y Guadalajara, con bajadas del 69,3 por 100 y del 53 por 100 respectivamente.
Los datos aluden asimismo al número de concursos presentados por personas jurídicas y físicas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, con un total de 63, que supone un incremento del 31,25 por 100 respecto al mismo periodo del año anterior.
Respecto a los expedientes de regulación de empleo, se han presentado cuatro expedientes, tres de ellos de la provincia de Toledo y uno de Guadalajara.
Además, han aumentado las demandas por despido en los Juzgados de lo Social, con 854 presentadas, un 18,6 por 100 más.
Respecto a procedimientos monitorios, los que «sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles», e incluyen gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, se han presentado 4.949 en la región, lo que supone un descenso del 14,4 por 100 en comparación con 2016.