Los juguetes han sido el producto más retirado por los inspectores de consumo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que durante el 2013 han realizado 140.144 inspecciones para garantizar la seguridad de los productos.
En concreto, los responsables de la Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo han retirado 9.936 productos que podían suponer un peligro para la salud de los consumidores, el 60 % procedentes de extremo oriente, da cuenta un comunicado.
La red de alerta de seguridad de los productos ha tramitado en el pasado año un total de 2.786 notificaciones, que supone un aumento del 2,8 % con respecto al 2012, y entre las alertas más numerosas se encuentran los juguetes, la vestimenta infantil y los cosméticos.
En cuanto a los juguetes, se han detectado 630 alertas, en gran parte por riesgo de asfixia, debido a que contenían piezas pequeñas o por presencia de sustancias tóxicas en su composición.
Asimismo, la vestimenta infantil para niños de hasta 7 años ha provocado 286 alertas, por tener cordones o lazos en la zona de cabeza o cuello, que pueden provocar ahogamiento, mientras que otros productos textiles han ocasionado alarma en 169 ocasiones, la mayoría por presentar diferentes productos químicos no autorizados, entre ellos los colorantes azoicos, que tienen riesgo de producir cáncer, o el cromo hexavalente, que puede producir alergia.
En tercer lugar figuran los cosméticos, que han supuesto 148 alertas por presentar ingredientes tóxicos.
Los establecimientos más inspeccionados para localizar los productos alertados han sido los bazares y tiendas multiprecio, donde se han realizado más del 70 % de las actuaciones, seguidos de los establecimientos textiles.
La actuación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que realiza controles de forma sistemática y aleatoria sobre productos del mercado para detectar si alguno presenta riesgo para la salud, cuando detecta un producto peligroso, es instar al responsable a su retirada al tiempo que lo comunica al resto de autoridades mediante la red de alertas de consumo.
Además, mantiene activada la vigilancia del mercado para evitar que se comercialicen productos que ya hayan sido alertados o notificados por otras administraciones o por los productores.