Los procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas presentados en los juzgados en Castilla-La Mancha hasta septiembre ascendieron a 864, un 5 por 100 más que los registrados en el mismo periodo de 2011, que fueron 823.
También entre enero y septiembre de este año, en Castilla-La Mancha, los juzgados recibieron 3.589 expedientes de ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se exige el pago de una deuda garantizada mediante hipoteca que puede acabar en un desalojo o lanzamiento), lo que representa el 28,8 por 100 más que un año antes.
En el conjunto de España, los desahucios fueron 49.702, el récord desde que se difunden estos datos y un 15,9 por 100 más que los registrados en el mismo periodo de 2011.
En lo que va de 2012, ya se ha superado la cifra de desalojos de todo el ejercicio 2010, cuando se contabilizaron 47.809, según la estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número de desalojos presentados en el tercer trimestre aumentó también un 15,9 por 100 frente al mismo periodo de 2011, aunque cayó respecto a los tres meses precedentes, al pasar de 18.668 a 12.610. La crisis económica y el elevado desempleo están llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de ejecución hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida de viviendas al no poder hacer frente al pago de sus deudas. Para paliar el impacto de los desalojos, el Gobierno ha aprobado un decreto que paraliza dos años los casos que afectan a colectivos sociales vulnerables que se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso para incluir iniciativas de los grupos parlamentarios.
La oposición política, los consumidores y afectados y el sector judicial han criticado la norma aprobada por el Ejecutivo y han puesto en duda su eficacia debido a la gran cantidad de requisitos económicos y sociales que deben reunir los beneficiarios.
Respecto a las ejecuciones hipotecarias, entre enero y septiembre pasados los juzgados recibieron 67.537 expedientes, el 18,3 por 100 más que un año antes.
En el tercer trimestre se registraron 19.324 ejecuciones, un 30 por 100 más que el año pasado, y, al igual que en el caso de los lanzamientos, se redujeron sobre el periodo julio-septiembre (19.324 frente a 23.421).
La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año fue la Comunidad Valenciana, con 12.464, lo que supone un incremento del 23,2 por 100 sobre 2011, seguida de Andalucía, con 9.920 casos, lo que representa el 36,7 por 100 más.
A continuación se situó la Comunidad de Madrid, que registró un 8,6 por 100 más de desalojos, hasta 7.761, y Cataluña, que con 4.727 desalojos registró un descenso del 4,3 por 100.
En términos porcentuales, las comunidades donde más crecieron fueron Murcia, que pasó de 584 a 865 desalojos, un 48,1 por 100 más; la ya mencionada Andalucía; Asturias, que aumentó el 36,6 por 100 al pasar de 1.100 a 1.500, y Extremadura, que registró un incremento del 31,4 por 100, 402 frente a 306 casos.
Los datos recopilados por el CGPJ sobre lanzamientos o desalojos contabilizan procesos de cambios de propiedad en inmuebles, voluntarios o forzosos, pero no tienen en cuenta si se trata de fincas rústicas o urbanas ni si son o no viviendas.
El pasado 7 de diciembre el Gobierno aprobó un real decreto que establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe publicar trimestralmente datos pormenorizados de los desalojos en España, con el fin de conocer si afecta a una familia en su primera vivienda o no, o si se trata locales, naves industriales u otro tipo de bienes.