Hoy llega a las Cortes el debate sobre la reducción del parque móvil de la Junta y, por lo tanto, de la intención del Gobierno de reconvertir una parte de las plazas de conductores en otras funciones de la administración. La intención del Ejecutivo ha desencadenado una contundente protesta por parte de los afectados, que culminará esta tarde con una concentración en el Parlamento regional mientras se celebra el debate sobre el Plan de Recursos Humanos presentado por Hacienda para reducir a la mitad el número de efectivos del parque móvil recolocando a los afectados en otras plazas de la Administración.
La postura del Gobierno se basa en la constatación de datos tan contundentes como que en la actualidad la jornada laboral efectiva de los conductores no llega a la mitad de las horas previstas en el convenio laboral. Según reflejan partes de trabajo a los que ha tenido acceso encastillalamancha.es, la media de horas al año de un conductor en 2013 fue de 700, frente a las 1.660 horas previstas en convenio. Esto representa una media de 18 horas semanales frente a las 37 legalmente fijadas.
Es decir, «no hay carga de trabajo para mantener la plantilla en sus dimensiones actuales», explica una fuente consultada por este periódico. La citada fuente también ha señalado que la mayor parte del trabajo actual consiste en llevar sobres o paquetes de un lugar a otro, tarea que si la realizara una empresa de mensajería supondría un notable ahorro.
Otro dato manejado por la Administración para analizar la racionalidad de la actual plantilla de conductores refleja que mientras el coste de una plaza es de unos 50.000 euros anuales, hacer en taxi los mismos desplazamientos que se encargan a uno de estos funcionarios no conllevaría un gasto mensual de unos 500 euros; es decir, 6.000 al año.
En el primer presupuesto aprobado por José María Barreda, el del año 2005, fue cuando se duplicó el número de conductores. Hasta entonces las cifras de CLM se asemejaban o eran inferiores a las de otras comunidades autónomas similares en población o extensión geográfica. Hoy, según fuentes del Ejecutivo, esa plantilla no resiste comparación con comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León.
La Junta insiste en que no se pretende despedir a nadie, sino ocupar a las personas afectadas por la reforma en otras tareas de la administración y manteniendo íntegro el sueldo que cobran en la actualidad. Y añade que los datos demuestran que la dimensión actual del servicio del parque móvil esta lejos de las necesidades y de cualquier principio de racionalidad y eficiencia administrativa.
También aseguran que, en contra de lo que vienen manifestando los conductores, no se van a sustituir por asesores. Esta situación solo se ha dado con siete personas, todas ellas dependientes de la Presidencia del Gobierno, donde la plaza de conductor requiere un cierto grado de confianza.
En cualquier caso las posturas se mantienen aún muy alejadas. De hecho, ayer continuaron los paros convocados por CC.OO., UGT, STAS y CSIF y que también están previstos para hoy, incluida una concentración a las cinco de la tarde ante la sede de las Cortes, donde se debatirá el asunto.