Representantes sindicales justo en el momento de abandonar la reunión.
Los sindicatos de CC.OO., UGT y CSIF (todos los presentes, salvo la federación FSES, integrada por los sindicatos Anpe y Satse) acaban de abandonar la Mesa General de la Función Pública en la que se debatía la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
A las 12.30 horas CC.OO. ha convocado una rueda de prensa (de la que Encastillalamancha informará puntualmente) para explicar- los motivos que les han llevado a dejar la reunión.
El pasado viernes, el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, había propuesto abrir hoy «una negociación real«, aunque desde los sindicatos se mostraron cautos.
En la reunión, los representantes de la Junta «solo» se han comprometido a retirar su propuesta de complemento para los empleados públicos que hubieran ostentado un alto cargo y volvieran a su puesto anterior.
El representante del CSIF, Roberto Rincón, ha explicado a Efe que el resto de propuestas se mantienen, es decir, el 3 por 100 de reducción salarial, las deducciones por Incapacidad Temporal y la relación de puestos de trabajo.
Rincón considera que la Administración les «toma el pelo» y que la Junta ha decidido retirar los complementos para los ex altos cargos porque les supondría un «coste político importante» cuando se están haciendo recortes al resto de la ciudadanía.
En nota de prensa, el sindicato destacaba «el inmovilismo y la actitud intransigente a dialogar o negociar las modificaciones propuestas por las centrales sindicales». CSIF aclara que «no se les había citado para buscar el consenso, sino para «informarles» unilateralmente de las decisiones tomadas por el Ejecutivo regional», y rechazadas previamente por los representantes de los trabajadores.
La negativa de CSIF a aceptar las propuestas del Gobierno regional vienen motivadas por la decisión de aquellos de endurecer la regulación sobre Incapacidad Temporal, mantener una Relación de Puestos de Trabajo que favorece la discriminación negativa y la asignación de puestos sin la obligada concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad, reducir las unidades electorales y las del servicio de salud, con el fin de debilitar el papel de control de los sindicatos y su defensa de los derechos laborales, así como la desaparición de la Junta de Personal de los Servicios Centrales.