Cuatro de los cinco sindicatos que integran la Mesa General de la Función Pública han anunciado la convocatoria de movilizaciones «contundentes» si, finalmente, el Gobierno interpone recurso de inconstitucionalidad a la jornada de 35 horas y solicita la suspensión cautelar ante el Constitucional.
Así lo han confirmado, en rueda de prensa de urgencia, los sindicatos CCOO, FSES, STAS Intersindical y UGT, que junto al ausente CSI-F integran la Mesa General, y que han firmado un escrito que se remitirá al presidente del Gobierno en funciones para pedirle que no recurra y que, de hacerlo, no solicite la suspensión cautelar de la jornada por los graves perjuicios que acarrearía.
La coordinadora del Área Pública de CCOO CLM, Chelo Cuadra, ha dado los datos cronológicos que se han producido en el proceso desde que entró en vigor la jornada de 35 horas, el 1 de enero, y que tiene como fechas claves el 15 de febrero, que se constituye la mesa bilateral entre los gobiernos central y autonómico, cuya única reunión «y de 20 minutos de duración», se produjo el 6 de abril.
Además, el pasado día 15 cuando el Consejo de Gobierno propone al presidente del Gobierno nacional que presente recurso ante el Tribunal Constitucional, que cuenta con el «rechazo absoluto» de todos los agentes sociales, ha confirmado la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT CLM, Carmen Campoy.
«Exhortamos al presidente en funciones que no interponga recurso y que, de hacerlo, no solicite la suspensión», que de producirse supondría, ha advertido, 14 días más de trabajo y, con ello, «el caos para el correcto funcionamiento de los servicios públicos».
Campoy ha añadido que el Alto Tribunal ha dictado dos sentencias en la que determina que la ley de presupuestos no afecta al Estatuto de Función Pública y que, encima, la jornada laboral la establece cada administración autonómica y no la compete al Estado.
TRES CONSECUENCIAS MUY GRAVES
Mientras, Gema Torrejón, representante del FSES, que integra ANPE y Satse, ha incidido en que la suspensión cautelar, referida al sector sociosanitario, tendría tres consecuencias muy graves: «el caos organizativo asistencial» al modificar todo el calendario que afectaría a profesiones «y sobre todo a pacientes».
Además, afectaría a los 300 nuevos contratados que ha realizado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y, con ello, «el problema, reconocido, de como están las plantillas, muy por debajo de la media de Europa, y nos alejaríamos aún más en la ratio y del objetivo de reducir ese déficit».
Gustavo Fabra, responsable de la Intersindical, que ha advertido de «la solidez legal» de la aplicación de las 35 horas, ha sido muy crítico con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro: «¿A qué juega?, se ha interrogado.
A tenor de los acuerdos de otros gobiernos autonómicos, como los de Asturias, Andalucía, Madrid o Castilla y León, ha citado Fabra, «sólo nos queda pensar que Montoro busca la suspensión cautelar para ganar tiempo para aprobar una nueva norma que imponga las 37,5 horas para todas las comunidades y, así, impedir que el resto pueda equiparar esta medida para el resto de empleados públicos».
También Fabra ha sido crítico con el portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, por «hacer un esfuerzo por lavar la imagen y convertirse en valedor de los funcionarios y defender los servicios públicos cuando en la pasada legislatura los despreciaron y destruyeron empleo público».
APELACIÓN CONJUNTA
Ha agregado que, en la reunión mantenida esta mañana con el consejero del ramo, Juan Alfonso Ruiz Molina, han acordado unir las asesorías jurídicas de sindicatos y Junta para «preparar una apelación conjunta al posible recurso» y, también, que se respete al personal del sector sanitario «haya o no suspensión cautelar».
«En caso de que haya recurso y se solicite la suspensión cautelar», que aceptaría el Tribunal Constitucional, quien tendría un plazo máximo de cinco meses para aprobar o rechazar, «anunciamos movilizaciones contundentes y unitarias».
Precisamente, el CSI-F ha anunciado para mañana mismo una primera concentración, que celebrará a las puertas de los subdelegaciones gubernativas provinciales y de la Delegación del Gobierno regional en Toledo, esta a las 11:30 horas.