Los cuatro sindicatos que el pasado viernes (3 de mayo) abandonaron la Mesa General de Función Pública sobre la reforma de la Ley de Empleo Público han expresado su disposición a recoger «el guante» tendido por la Junta para retomar el diálogo, «siempre y cuando sea una negociación seria y sin las cartas marcadas».
Así lo han indicado representantes de dichos sindicatos –CSIF, CCOO, FSES y UGT– en una rueda de prensa en Toledo, en la que han confiado que la administración regional «recapacite y reconsidere» su propuesta en torno a la cobertura de la incapacidad temporal por enfermedad común de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, que «es la mitad de la que tienen en el resto de España».
Así lo ha denunciado Miguel Guerra, de UGT, quien ha afirmado que, desde la primera reunión, la parte sindical hizo hincapié en que «el punto capital» de la reforma de la Ley de Empleo Público era «evitar el agravio de los empleados públicos de la región en el tema de la cobertura de la IT con respecto a sus compañeros de otras comunidades autónomas y del resto del Estado».
Y ha afirmado no comprender «por qué en las dos primeras reuniones no veían imposible llegar a un acuerdo en este punto» y, al final, «se ha vuelto a la propuesta inicial planteada por el consejero de Administraciones Públicas».
Ésta consiste en que, durante los primeros días de la primera baja, los trabajadores percibirían el 50 por 100, en la segunda el 40 por 100 y, a partir de la tercera nada, mientras que, en virtud del RD 20 (normativa que se quiere trasponer a la Ley Regional de Empleo Público), para los empleados de la administración general del Estado, los cuatro primeros días de baja están exentos de reducción.
En este punto, tanto Carmen López, de CC.OO., como Victoria Ortiz, de CSIF, han criticado que, durante la negociación, nisiquiera se les haya garantizado que la propuesta de la Junta vaya a tramitarse «por cuestiones económicas», lo que «es un intento de engañarnos pues el primer día nos dijeron que la ampliación de la cobertura no iba a ser un impedimento para llegar a un acuerdo y ya sabían el dinero con que contaban», ha argumentado López.
Ortiz ha incidido en la necesidad de modificar la cobertura de las bajas por enfermedad común de los trabajadores «porque no se nos puede penalizar por estar enfermos», y ha confiado en que la propuesta de seguir negociando manifestada el pasado viernes por la Junta sea «seria» y «no un paripé, para que luego no les podamos reprochar que no ha habido negociación», ha dicho.
SI EN LA NUEVA MESA HAY…
En este contexto, Miguel Guerra, de UGT, y Carmen López, de CCOO, no han descartado que, si en la nueva mesa general que se convoque, hay diálogo, «estaremos en la concertación», pero si se demuestra que «hay mala fe y no una auténtica disposición a negociar», se informará a los trabajadores y no descartan convocar movilizaciones.
Por su parte, Juan Carlos Illescas, de FSES, ha explicado que el objetivo de la reforma de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha es «alcanzar el techo o suelo establecido en el RD 20», lo que «ya es una práctica general desde el pasado verano para un tercio de los empleados públicos de Castilla-La Mancha».
Por eso, ha agregado, «pedimos que se acabe con esa discriminación entre empleados públicos incluso dentro de la misma administración regional».
Y ha recordado el compromiso del Gobierno regional de restituir a los funcionarios a la situación anterior a la de la crisis, «cuando se alcanzara la buena senda y unos presupuestos equilibrados, ya que los funcionarios no podemos seguir siendo los pagadores de los excesos», ha aseverado Illescas.
Tras el abandono el pasado viernes por parte de los sindicatos de la Mesa General de Función Pública, la Junta emitió un comunicado donde lamentó la negativa de las organizaciones sindicales a seguir avanzando en la senda del diálogo y les volvió a tender la mano para retomar el trabajo, «con el fin de superar entre todos estos momentos de dificultad que atravesamos», rezaba la nota.
Y LA JUNTA RESPONDE QUE…
Ante este posicionamiento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reiterado en un comunicado su «compromiso en la defensa del interés general de los ciudadanos» de la región.
Por ello, ha tendido la mano de nuevo a las organizaciones sindicales para continuar trabajando en la negociación de la Ley de Empleo Público, «lo que redundará en beneficio de todos los castellanomanchegos».
Asimismo, ha expresado su absoluto respeto a que estas organizaciones ejerzan un derecho fundamental, recogido en la Constitución Española, como es la libertad sindical.
La Junta ha emplazado a las organizaciones sindicales a trabajar conjuntamente «con el objetivo de superar, entre todos y cuanto antes, la actual situación de crisis».