Los sindicatos mayoritarios de la Función Pública de la región (CSIF, CCOO y UGT) han abandonado hoy la Mesa Regional de la Función Pública al «negarse» el Gobierno regional a aplazar la negociación sobre las medidas de recorte salarial anunciadas el pasado día 2 para el personal de la Administración Regional. Según ha declarado el presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales del CSIF, Roberto Rincón, pretender negociar hoy lo que mañana se va a aprobar en Consejo de Gobierno, cuando además se les entregó ayer por la tarde, «es un cambalache».
Entre estas medidas está la reducción del 3 por 100 de los salarios de los empleados públicos de la Junta, incluidos los docentes y los altos cargos, y el aumento de la jornada laboral en 2,5 horas semanales.
Los citados sindicatos han pedido que se retirara el texto para poderlo negociar con más tiempo y, ante la negativa de los representantes de la Administración regional, entre ellos el director general de la Función Pública, Francisco Ferrero, los representantes del CSIF, CCOO y UGT han abandonado la mesa por entender que más que una negociación lo que la Junta pretendía era una «imposición», ha insistido Rincón.
Tras la ruptura de las negociaciones, han comparecido en rueda de prensa la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen López, y su homóloga de UGT, Carmen Campoy. López ha señalado que las medidas que se detallan en el citado borrador, bajo el nombre «Ley de Medidas Complementarias del Plan de Garantías de Servicios Básicos», incluye más ajustes de los anunciados por el Gobierno y varios puntos sin desarrollar, por lo que necesitan tiempo para estudiarlo y negociar. Ante la negativa del Gobierno regional a dar más tiempo a la negociación, Campoy ha advertido de la posibilidad de llevar el caso a tribunales, porque la Junta está obligada por ley a negociar y, a su juicio, solo está imponiendo.
Asimismo, la dirigente de UGT ha asegurado que, si el Gobierno regional aprueba mañana estas medidas, los sindicatos se volverán a reunir para consensuar una respuesta «proporcional a lo que se está haciendo», sin descartar la huelga general. A la Mesa General de la Función Pública se incorporarán también Satse y Anpe, que se han agrupado bajo las siglas de (Feses), aunque no han participado en esta reunión al no estar aún constituida la citada mesa tras las elecciones sindicales.
Por parte de la Junta, además del director general de la Función Pública también han estado el secretario general del Sescam, Fernando Sanz, y el director general de Recursos Humanos y Programación Educativa, José Jaime Alonso Díaz-Guerra.