Los sindicatos de la Mesa de la Función Pública han tachado hoy de «decepcionante» la reunión con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, al no aceptarse sus propuestas para aplicar la jornada de 35 horas de los empleados públicos dentro de la legalidad.
Los sindicatos se han mostrado de acuerdo con acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la jornada de 35 horas aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y establece que la jornada es de 37,5 horas, pero han planteado alternativas para el cumplimiento del fallo del alto tribunal.
Entre otras medidas, han propuesto la formación continua de los empleados públicos, lo que computa como jornada laboral, o la aplicación del «solape» en el caso de los sanitarios, un tiempo que el profesional invierte prolongando su jornada laboral para el intercambio de información clínica de los pacientes durante los relevos de turnos.
Sin embargo, las propuestas de los sindicatos han sido rechazadas por el consejero durante la Mesa de la Función Pública convocada para explicarles la sentencia del TC, ya que a su juicio «cualquier intento de no cumplir la sentencia es ilegal».
En declaraciones a Efe, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra, ha calificado de decepcionante la reunión mantenida hoy, pues ha admitido que su sindicato esperaba «algo más, alguna propuesta» por parte del consejero, quien ha comunicado que «no va a haber ningún avance para la recuperación de las 35 horas».
«Primero porque lo dice la sentencia y segundo porque mientras siga vigente la ley de 2012, pocos avances vamos a tener», ha explicado Cuadra, que ha advertido de que CCOO va a seguir «por la vía de negociación en respectivas mesas para avanzar en lo que se pueda».
En este sentido, ha indicado que CCOO mantendrá sus reivindicaciones en la Mesa General de la Función Pública Estatal, para que el Gobierno central derogue la norma de 2012 o que la modifique, para que no «impida que las administraciones autonómicas puedan negociar las condiciones laborales» de sus empleados públicos.
En cualquier caso, Cuadra ha lamentado que Castilla-La Mancha «claramente está en el punto de mira del Gobierno estatal», si bien ha afirmado que los empleados públicos necesitan «que las medidas que se tomen garanticen jurídicamente su continuidad», pues ha señalado que los empleados públicos «no pueden estar pendientes de si a una norma se le plantea recurso o no».
«Necesitamos seguridad y hasta ahora no la hemos tenido», ha concluido Cuadra.
«No tengo palabras para resumir lo que ha ocurrido en la reunión. Ellos responsabilizan al Gobierno central, que planteó el recurso. Dicen que la sentencia se va a acatar, pero sabemos que existen fórmulas para recuperar estos derechos y esa capacidad de conciliar», ha expuesto en declaraciones a Efe el responsable del sector de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha, José Manuel Pinillos.
Del mismo modo, Pinillos ha criticado la actitud del consejero que «ha venido a decir que es lo que hay y ya está» y al que le han recriminado que la vuelta a las 35 horas semanales para los empleados de la Junta era un compromiso electoral.
Para el representante de UGT, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha «usa al personal, al empleado público de Castilla-La Mancha con fines políticos» y «no tiene intención de negociar nada, ninguna voluntad de revertir la situación que generó el Gobierno del PP».
También la secretaria de Negociación de CSIF de Castilla-La Mancha, Victoria Ortiz, se ha mostrado «decepcionada» en declaraciones a Efe y ha asegurado que, en contra de la opinión del Gobierno regional, la propia sentencia del alto tribunal establece que «la distribución de la jornada laboral sí es competencia de la Junta».
«El tema es que les viene bien», ha considerado Ortiz, quien ha apuntado que el consejero «solo se ha comprometido a luchar para que el Gobierno central derogue cuanto antes» la normativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 que recoge la jornada de 37,5 horas semanales.
El responsable de la Intersindical STAS, Gustavo Fabra, también ha denunciado la postura del consejero porque -según ha afirmado- «sus palabras textuales han sido: ajo y agua».
«Le hemos hecho propuestas, cosas muy sensatas para conciliar y crear empleo y que repercuta en la calidad de los servicios públicos, pero no lo han aceptado», ha lamentado Fabra, quien ha calificado el encuentro, que se ha prolongado durante dos horas, de «decepción absoluta».