Los trabajadores de la planta de Airbus en Illescas se han concentrado hoy ante las puertas de la fábrica para mostrar su apoyo a los ocho sindicalistas para quienes el fiscal pide ocho años y tres meses para cada uno por los hechos ocurridos en la huelga general de septiembre de 2010.
A la concentración han asistido el secretario general de CCOO-Industria Castilla-La Mancha, Ángel León; el secretario general de CCOO de Toledo, Jesús García Villaraco, y el secretario provincial de CCOO Industria de Toledo, Óscar Aguado, quienes han reclamado a la fiscalía la retirada de los cargos contra los ocho sindicalistas de Airbús imputados en base al artículo 315 del Código Penal, «que no se aplicaba desde el final de la dictadura.»
En un comunicado, CCOO de Castilla-La Mancha ha informado de que el juicio contra los denominados «los ocho de Airbus» se celebrará en los Juzgados de Getafe a partir del 9 de febrero de 2016, tras no llegarse a un acuerdo en la vista preliminar que tuvo lugar el 1 de julio.
El sindicato ha lamentado que en esa vista preliminar, el Ministerio Fiscal «aseguró que reducirá sustancialmente la petición de penas», aunque mantuvo la imputación de los sindicalistas por el delito de coacciones y amenazas contra los derechos de los trabajadores, en base al artículo 315.3 del Código Penal.
Ante esta situación, el sindicato ha señalado que los acusados rechazaron un posible acuerdo.
En el comunicado, CCOO ha señalado que «numerosas instituciones» como las Cortes de Castilla-La Mancha, han expresado su respaldo a los 8 de Airbús y sus compañeros de Illescas se concentrarán en apoyo todos los días 9 de mes hasta que comience el juicio.
Los hechos sucedieron a primeras horas del 29 de septiembre de 2010 en la factoría de Illescas, cuando se produjeron incidentes en los que, según el sindicato, resultaron heridos varios trabajadores por «una actuación policial desproporcionada que incluyó la realización de siete disparos de arma de fuego».
A raíz de estos hechos, el ministerio fiscal impulsó la imputación de siete sindicalistas de CCOO y uno de UGT en base al artículo 315 del Código Penal.