Los trabajadores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara piden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administración que tutela las Cámaras de la región, que adopte las medidas necesarias para resolver la grave situación de desgobierno en que se encuentra la corporación cameral.
Los empleados de esta Corporación de derecho público denuncian la situación de desamparo en que se encuentran, motivada por la dimisión de más de la mitad de los empresarios del Pleno de la Cámara, entre ellos el presidente y todo el Comité Ejecutivo.
Con el patrimonio embargado y la dimisión de los máximos representantes de la Cámara, se están provocando importantes problemas en el funcionamiento de la Corporación; los trabajadores llevan dos meses sin cobrar su sueldo, se ha dejado de abonar el pago a la seguridad social de los empleados y no se pueden liquidar los cursos de formación que, subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se han impartido en la Cámara de Guadalajara.
Por otra parte, los empleados de la Cámara se muestran preocupados por la repercusión que la situación actual vaya a tener en las empresas de la provincia de Guadalajara. Las empresas que precisen cumplimentar documentación necesaria para la exportación, y cuyo trámite realizan las Cámaras de Comercio, tendrán que acudir a otra provincia de Castilla-La Mancha, o incluso a otras comunidades autónomas.
Los trabajadores de la Cámara de Comercio de Guadalajara piden que las administraciones regional y central, que deben tutelar, según la vigente Ley de Cámaras de Comercio, estas Corporaciones centenarias de derecho público, se impliquen en solucionar la actual situación.
La grave situación por la que a traviesa la Cámara impide que pueda desarrollar las funciones que la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y la Ley 4/2009, de 15 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha le atribuye y por tanto, ante la imposibilidad de un normal funcionamiento de la Corporación, se exige la adopción de medidas por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha, en su función de tutela, como así lo establece las citadas Leyes sobre suspensión de los Órganos de Gobierno.