La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha afirmado que 95.000 agricultores de Castilla-La Mancha verían reducida la cuantía de los fondos que reciben, al no poder asumir los «exigentes» requisitos ambientales o verdes que plantea la Unión Europea. Las comunidades autónomas han mostrado hoy su rechazo unánime al planteamiento de la UE de condicionar el 30 por 100 de los pagos directos de los agricultores y ganaderos al greening o nuevas exigencias medioambientales, que consideran además «inasumibles».
Así lo han resaltado los responsables autonómicos a los medios de comunicación tras participar en el Consejo Consultivo de política agrícola -presidido por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete-, preparatorio del próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) previsto para el 14 y el 15 de mayo en Bruselas.
Los consejeros han recordado que los agricultores y ganaderos ya cumplen unos exigentes requisitos ambientales, por lo que piden mayor flexibilidad en la aplicación del greening por los Estados.
En algunos casos, han defendido incluso la desaparición de este nuevo concepto o condicionante que plantea Bruselas para la futura Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020.
En su opinión, las nuevas exigencias «verdes» introducirían una mayor burocracia y dificultarían el acceso a las ayudas, mientras que algunas exigencias planteadas por Bruselas -como la rotación de tres cultivos para explotaciones de más de tres hectáreas- sería de imposible cumplimiento o incluso inaplicable para sectores mediterráneos como la vid, los frutales o el olivar.
Tampoco el planteamiento que hace Bruselas de los pastos permanentes elegibles o con derecho de ayuda en la nueva PAC gusta a algunos representantes autonómicos, porque se centra en los prados con hierba -típicos de la Europa continental-, pero no incluye a los que tienen matorrales, como ocurre con las dehesas españolas.
En este sentido, la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha ha afirmado que 95.000 agricultores de la región verían reducida la cuantía de los fondos que reciben, al no poder asumir los «exigentes» requisitos ambientales o verdes.
Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, se ha opuesto a vincular el greening a los pagos directos porque el cumplimiento de medidas medioambientales debería conllevar compensaciones económicas adicionales, y ha recordado que el pago verde «excluye» a la ganadería intensiva.
El consejero extremeño de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, también ha considerado excesivo el 30 por 100 del greening y pide flexibilidad para que los estados puedan reducir esa cuota, que se desvincule del pago base y que se cambien las exigencias sobre rotación de cultivos y la definición de pastos permanentes para adecuarse al modelo de la dehesa.
El consejero de Agricultura y Agua murciano, Antonio Cerdá, ha subrayado que el greening debe desaparecer por «inasumible», porque regiones como Murcia ya cuenta con el 46 por 100 de superficie dentro de la Red Natura o es monte público, y hay amplios sectores amparados con agricultura ecológica o integrada, y regadíos modernizados que hacen una gestión sostenible del agua.
La consejera valenciana de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha resaltado el consenso autonómico sobre la «inviabilidad» de la propuesta sobre el pago verde -en aspectos como la rotación de cultivos-, y que hay que «reducir y flexibilizar» al máximo la propuesta y desligarla del pago básico.