El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado hoy que está «a punto» de solucionarse el problema de los pozos del Alto Guadiana pendientes de regularización.
Así lo ha declarado a la prensa, tras reunirse esta mañana en Madrid con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el primer encuentro formal desde que el Gobierno central dejó de estar en funciones.
El consejero castellano-manchego ha indicado que existe «voluntad» para resolver dicha regularización en 2017 y garantizar agua a los agricultores que llevan esperando «demasiado tiempo».
Y, en este sentido, ha abundado: «Creo que en 2017 vamos a poder anunciar, Ministerio y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que por fin se da solución al problema de los pozos en el Alto Guadiana».
Ha detallado que, dentro del plan especial para esa zona existen 1.300 expedientes, relativos al mismo número de pozos, que tienen derechos y que «falta simplemente una firma» de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (dependiente del Ministerio) para su regularización.
Ha señalado que la reunión de hoy ha sido positiva y que, «si la ministra se implica», será inminente la solución que los regantes llevan esperando desde 2011.
La decisión afecta a unos 500 o 600 agricultores pendientes de ese aval oficial para sus pozos, según el consejero, que ha añadido que también repercute en el acceso al agua de jóvenes productores que se quieren incorporar a la actividad o hacer otros pozos nuevos.
Aparte de los 1.300 casos de explotaciones prioritarias que están listos y pendientes de la firma, el consejero ha mencionado que existen otros 300 expedientes «pendientes» y Castilla-La Mancha trabajará caso por caso para resolverlos.
Según Martínez Arroyo, el plan del Alto Guadiana es el problema agrícola pendiente «más acuciante encima de la mesa y con más posibilidades de éxito».
El consejero ha presentado a la ministra otras peticiones para la legislatura, como la inversión en pozos de sequía en Hellín (Albacete) con cargo al Real Decreto de Sequía para las cuencas del Júcar y el Segura, aprobado en 2015.
A su juicio, «no se ha gastado ni un solo céntimo» del decreto en Castilla-La Mancha, pese a que representa el «75 % de la Cuenca del Júcar» y «el 25 % de la del Segura».
Martínez Arroyo ha agregado que la ministra se ha comprometido a revisar de qué manera se pueden hacer inversiones y destinar agua de los acuíferos de Albacete al consumo hídrico y de regadío en la provincia.
En cuanto a la Política Agrícola Común (PAC), el consejero ha expresado a García Tejerina su interés en que esta autonomía muestre una posición de cara a la reforma que empezará a discutirse el año que viene, por lo que, en dos semanas, organizará el «primer foro» para ver la postura de las organizaciones agrarias regionales.
Castilla-La Mancha representará a las autonomías durante el primer semestre de 2017 en los Consejos de Agricultura de la UE.
Martínez Arroyo ha abogado por una PAC que beneficie a los agricultores profesionales y, si hay recorte de fondos, por evitar que en su nuevo período (post 2020) no disminuya la ayuda media a Castilla-La Mancha, «como ha ocurrido» en 2014-2020 frente al marco plurianual previo.
Además, ha reclamado que, al repartir las subvenciones, la «convergencia» aumente y «olvidar, en la medida de lo posible», los «rendimientos históricos» para igualar más a los agricultores y que se vean favorecidos «aquellos que se juegan su dinero» en el campo.
Por otra parte, ha pedido iniciar transferencias de competencias de los parques nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel, ahora gestionados conjuntamente por la Administración General del Estado y la autonomía castellanomanchega.