El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido una Política Agraria Común (PAC) que refuerce al máximo las cotas de seguridad alimenticia y preserve y mejore el medio ambiente para que repercuta en beneficio de agricultores, ganaderos y consumidores.
Así lo ha expuesto Martínez a los periodistas, en un receso del Foro de la PAC 2021 que se celebra hoy en Toledo para definir una posición de cara a su reforma.
Martínez ha incidido en la importancia de «saber transmitir» ese mensaje a consumidores y profesionales para «justificar que vayan parte de nuestros impuestos» y reforzar una PAC «con instrumentos fuertes de mercado que haga posible la integración comercial, por ejemplo de las empresas cooperativas».
También que «las industrias agroalimentarias sean capaces de negociar de igual a igual con las distribuidoras y ello repercuta en mayor renta para agricultores y ganaderos», que -ha aclarado- «deben seguir recibiendo ayudas de la PAC» con «mayor nivel de equidad».
El titular de Agricultura ha mostrado su satisfacción por la implicación de Castilla-La Mancha en la encuesta puesta en marcha por la Comisión Europea (CE) para opinar sobre la futura reforma de la PAC porque, según ha detallado, se han recibido 25.000 de toda la Unión Europea (UE), un millar de España y de ellas 800 de la región.
Algo que, ha valorado, «demuestra el interés de nuestros agricultores, ganaderos y consumidores» en el debate que concluirá a finales de año, con la presentación de los borradores que CE, Comisión de Agricultura y Parlamento Europeo negociarán hasta que vea la aprobación definitiva en el plazo de unos dos años.
«Es muy importante que esos borradores reflejen la posición de España y esta exponga los intereses de Castilla-La Mancha, de ahí el interés por estos foros para tener una posición y enriquezcan y defiendan mejor nuestros intereses», ha concluido.
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Facua) de Castilla-La Mancha, Francisco Ferrer, se ha congratulado de que el Gobierno regional apueste por los consumidores porque «obviamente somos los que, con nuestros impuestos, contribuimos al mantenimiento de esa política común».
Ferrer, en este contexto, ha invitado a todos los ciudadanos a denunciar todas las irregularidades y ha enumerado la competencia desleal, las prácticas abusivas, los problemas de distribución o el engaño en el etiquetado, como también «el medio ambiente, la seguridad alimentaria» y la transparencia que «pasa por el agricultor, sigue con el productor y llega al consumidor».
Unos aspectos, ha reflejado Ferrer, que deben estar expresamente reflejados en la futura PAC, sin que ello suponga dejar de denunciar y alertar sobre los abusos porque «los consumidores son los primeros inspectores y los que tienen que denunciar esas prácticas y luego nosotros llevarlas a la autoridad competente en la materia».
Mientras, Felipe Medina, miembro de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (Asedas), ha admitido que su organización está especialmente interesada en que «España cuente con un sector productor fuerte» y, para ello, la PAC se debe centrar «fundamentalmente» en mejorar las estructuras de producción y comercialización para «entre todos, ser capaces de servir mejor al consumidor, de forma más eficiente y competitiva».
«Esa visión de cadena debe imperar en el diseño de la futura PAC y orientar todas las herramientas para pasar a producir lo que se consume en lugar de que consumamos todo lo que producimos, que es el objetivo que nos fijamos en los próximos años», ha zanjado.