El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 224 millones de euros, durante los dos próximos años, a la puesta en marcha del ya anunciado Plan Extraordinario de Empleo, con el que se pretende generar 60.000 puestos de trabajo y movilizar otros 345 millones para la activación de la economía. El presidente regional, Emiliano García-Page, acompañado de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este plan del que han destacado que es «realista, pactado y novedoso».
Presentación del Plan Extraordinario de Empleo.
Los jóvenes menores de 30 años y los parados de larga duración son los principales beneficiarios. De esta forma, a través de decretos ley, el Ejecutivo articulará cinco líneas estratégicas, tres dirigidas al primer colectivo y dos al segundo.
Respecto al primero, la consejera detalló que el plan recoge un programa para la adquisición de competencias básicas para los 41.000 jóvenes de menos de 25 años que actualmente no están incorporados al mercado laboral, de los cuales un total de 11.000 no han terminado ESO. Se fomentará que terminen la Educación Secundaria Obligatoria y que accedan a los certificados de profesionalidad. Para ello se convocarán pruebas extraordinarias desde el sistema educativo regional para acceder al título de ESO, además de pruebas de validación de competencias básicas. En esta línea, se establecerá una oferta extraordinaria de formación para la adquisición de competencias mínimas, aprovechando las posibilidades que ofrece el e-learning y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La segunda medida para este colectivo está dirigida a que empresarios y autónomos incorporen a jóvenes a través de un contrato de formación y aprendizaje de un año de duración. En este apartado se pretende ayudar a jóvenes con título de ESO pero sin cualificación profesional, en Castilla-La Mancha alrededor de 19.000 personas. El Gobierno regional establecerá ayudas a empresas y centros de formación homologados para impulsar estos contratos. Se ofrecerán hasta 1.500 euros para la formación de cada alumno por año; una ayuda salarial del 50 por 100 del salario mínimo durante un año al 75 por 100 de la jornada; y ayudas a la transformación de estos contratos en indefinidos.
En tercer lugar, la Junta busca retener el talento de los jóvenes con cualificación mediante contratos puente. Así, se permitirá a empresas, entidades sin ánimo de lucro y entidades locales de la comunidad autónoma realizar un contrato de prácticas, de al menos un año, en una ocupación propia de la titulación adquirida. La subvención equivaldría a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual de cada contrato.
PARADOS DE LARGA DURACIÓN
Por otro lado, se pondrá en marcha un programa para fomentar la contratación de personas que llevan mucho tiempo en paro y que han dejado de recibir prestación. Así y durante seis meses, ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y organismos de la Junta podrán contratar a estas personas para desarrollar obras o servicios de interés general. La administración regional concederá una ayuda equivalente al SMI durante esos meses, siendo el equivalente a los costes salariales totales del SMI en los municipios más pequeños.
Además, se aplicará el denominado Plan Garantía + 55 para los mayores de 55 años. En este caso, serán los municipios y entidades sin ánimo de lucro los que puedan acceder a estas ayudas para poner en marcha proyectos comunitarios de colaboración social de una duración máxima de dos años prorrogables, en los que integren a personas desempleadas con este perfil. Las entidades promotoras recibirán una subvención equivalente al 50 por 100 del complemento de subsidio necesario para que las personas lleguen a percibir el SMI.
Con la idea de fomentar el emprendimiento, si los desempleados optan por crear un negocio, podrán emplear la ayuda a la que tengan derecho para cubrir los costes de establecimiento de su empresa.
Igualmente, en el desarrollo del Plan Extraordinario de Empleo se dará prioridad a las mujeres víctimas de violencia de género y a las personas con discapacidad.