La comparecencia del consejero de Hacienda y Administraciones para informar en las Cortes del techo de gasto de la Junta para 2017 ha vuelto a poner de manifiesto la debilidad de las cuentas públicas de una comunidad como esta, en la que los recursos propios no llegan al 17 por 100 de los ingresos propios no financieros.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado hoy al parlamento regional del techo de gasto previsto por su departamento para los Presupuestos de 2017: 5.924 millones de euros, la cifrada aprobada por el Consejo de Gobierno a primeros de septiembre y respaldada hoy por el parlamento con los votos de favor de PSOE y Podemos y en contra del PP.
993 MILLONES DE TRIBUTOS REGIONALES Y POCO MÁS
La cifra, que supone un incremento de poco más del 1 por 100 sobre la de este año, arrastra un ejercicio más el drama de las cuentas públicas castellano-manchegas, una comunidad que no llega ni al 17 por 100 de sus ingresos con sus propios recursos. Unos escuetos 993,1 millones de euros, el 16,7 por 100 del capítulo de ingresos propios, procedentes de tributos, tasas y precios públicos de la Junta, así como ingresos patrimoniales, enajenaciones, fondos comunitarios y otras transferencias de carácter no finalista.
202 MILLONES, ¿EL DÉFICIT PERMITIDO PARA 2017?
La dependencia de Castilla-La Mancha de los ingresos del Estado dificulta su margen de maniobra, especialmente en ciclos de crisis, cuando la caída de la economía regional suele ser superior a la media y la brecha se agranda con los territorios más ricos y desarrollados de España. Si a eso se suma un sistema de financiación autonómica perjudicial para nuestros intereses, como el vigente, las complicaciones contar con un Presupuesto a la altura de las necesidades de la región son extremas.
A esa cifra de apenas de menos de 1.000 millones recaudados en nuestras arcas, se suma los 4.613,2 que Hacienda prevé recibir como transferencias del Estado, los 202 que nos permite el déficit permitido para el próximo año (se estima que será un 0,5) y otros 115 por ajustes de contabilidad nacional. Y se acabó.
Los datos que ha expuesto el consejero se basan en las estimaciones de Hacienda, ya que el Ministerio no ha facilitado a las comunidades autónomas las cifras reales, una cuestión que desde Castilla-La Mancha se ha criticado duramente.
De hecho, Ruiz Molina, ha dado cuenta en las Cortes, no solo de sus peticiones en declaraciones públicas, sino de la carta enviada al ministro del ramo, Cristóbal Montoro para que publique los datos de la contabilidad nacional que permitan a las comunidades elaborar sus presupuestos sin pagar innecesariamente las consecuencias del bloqueo político en el Estado. En este sentido, también ha solicitado la urgente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
“REHENES DE LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA”
La estimaciones, ha explicado el responsable de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, se han hecho siguiendo criterios conservadores, al tiempo que ha lamentado que las comunidades autónomas tengan que ser “rehenes” de las “maniobras” del Gobierno de España.
Pese a la falta de datos públicos, la Junta ha optado por seguir adelante e iniciar un ciclo presupuestario que en opinión de Ruiz Molina se necesita “para continuar con el cambio iniciado en 2015 para la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha y queda mucho trabajo por hacer”.