El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado una reasignación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2.879 millones de euros para las nueve comunidades que ya estaban acogidas al mismo, entre ellas Castilla-La Mancha, que recibirá 121 millones más.
Durante su intervención en el Pleno del Senado para defender la Ley de Deuda Comercial en el sector público, que se aprobará hoy, Montoro ha informado de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha decidido la redistribución a las comunidades autónomas del excedente del FLA de 2013.
Ha precisado que a Andalucía le corresponde un incremento de 562 millones de euros; Asturias, 157; Baleares, 232; Canarias, 73; Cantabria, 136; Castilla-La Mancha, 121; Cataluña, 873; Murcia, 160 y la Comunidad Valenciana, 561 millones.
A juicio de Montoro, con esta reasignación se aumenta la liquidez, la tesorería de estas nueve comunidades «para atender pagos que son necesarios», que recibirán antes de que acabe este mes de diciembre.
Tras recordar que el pasado lunes, el Gobierno pagó más de 1.700 millones de euros a las entidades locales, Montoro ha preciado que se está haciendo una movilización de recursos financieros para atender las necesidades de tesorería de las autonomías, de manera que a los «proveedores que más les urge cobrar puedan tenerlo en fechas muy próximas».
EL ENEMIGO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA ES…
Respecto a la Ley de Deuda Comercial, Montoro ha dicho que «el peor enemigo de la sostenibilidad financiera es el descontrol de la deuda», ya que ha subrayado que «un aumento desmedido» de la misma en el sector publico, tanto financiera como comercial, «pone en riesgo la capacidad de asumir compromisos de gasto presentes y futuros».
En su opinión, la reducción de la morosidad en las administraciones publicas «es imprescindible para la recuperación» económica.
Se ha referido a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para erradicar la morosidad en el sector público, dirigidas tanto a la Administración General del Estado como al resto de administraciones, como el Plan de Pago a Proveedores, el FLA, así como a otras medidas extraordinarias y estructurales.
Ha comentado que el objetivo de la Ley de Deuda Comercial es «reducir hasta llegar a su mínima expresión la morosidad del sector público», lo que no sólo mejorará la capacidad de competir, sino que también aumentará la confianza en el conjunto de las administraciones publicas.