Por segundo viernes consecutivo, los empleados públicos se han concentrado en toda la región para exigir a la JCCM el reingreso de los interinos cesados en agosto de 2012 y la devolución de las condiciones económicas y laborales que han perdido en los últimos años.
Los empleados públicos volvieron a exigir la readmisión de los interinos cesados en agosto de 2012. De las declaraciones realizadas el pasado día 12 por el consejero de Presidencia y Administraciones Publicas, Leandro Esteban, se desprende que «la JCCM, a pesar de haber retirado el recurso, no tiene intención de mover ficha y convocar la mesa sectorial para clarificar el proceso de readmisión, lo que supone una nueva falta de respeto hacia los sindicatos demandantes UGT y STAS que lo ha solicitado por escrito sin recibir contestación alguna», indican los sindicatos en nota de prensa.
La cuestión de la partida presupuestaria de la que se obtenga los 30 millones necesarios pierde importancia «si lo que provocan con su actuación es ir aumentando día a día esa cantidad (más de 600.000 euros desde que anunciara la retirada del recurso el Gobierno de Cospedal), mientras los interinos siguen en su casa y sin poder incorporarse a su centro de trabajo».
Los sindicatos apuntan que «sobre la excusa esgrimida por el consejero de la posibilidad de caer en delito de prevaricación, queda claro que este delito lleva sobrevolando sobre sus cabezas desde el mismo día en que se cesó a los trabajadores. Resulta obvio que, cualquier dirigente conoce que la firma de las órdenes de cese sin negociación, la publicación de los despidos días antes de que se celebrara la mesa y, en resumen, la conducta antisindical adquirida, son actuaciones muy cercanas a la prevaricación. Ésta fue una de las pretensiones fundamentales de los interinos cesados, el poder llegar a plantear una demanda por prevaricación y malversación de fondos contra Leandro Esteban».
Sobre la devolución del 25 por 100 de la paga extra de diciembre de 2012, destacan que «para este Gobierno los empleados públicos ya no tienen derechos, dependen únicamente del día que tenga la presidenta, María Dolores de Cospedal, que si está de buen humor ofrece las migajas a los empleados públicos, migajas que ya eran de los trabajadores y que son sólo una parte de lo que se le ha venido robando durante estos años».