El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto mediante el cual se facilita el acceso a la vivienda pública, pues en la región hay unas 2.000 viviendas acogidas a algún tipo de figura de protección que no han encontrado comprador. Según dicho decreto, podrán acogerse a ellas quienes cobren 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532,51 euros. El IPREM es un índice mínimo que regula la concesión de ayudas, subvenciones públicas o el subsidio de desempleo.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha informado hoy en rueda de prensa de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno celebrado ayer, entre los que se encuentran este decreto, que tiene como objetivo «remover obstáculos para facilitar el derecho a la vivienda».

Hernando ha explicado que este decreto tiene tres aspectos fundamentales, pues por un lado suaviza los requisitos para acceder a una vivienda pública en Castilla-La Mancha, ya sea de titularidad estatal o autonómica.

[ze_summary text=»Para las VPO de régimen concertado, la renta familiar podrá ser 7,5 veces el IPREM»]Para las VPO de régimen concertado, la renta familiar podrá ser 7,5 veces el IPREM[/ze_summary] 

Además, para las viviendas de protección oficial (VPO) de régimen concertado, la renta familiar podrá ser de 7,5 veces el IPREM.

Se da prioridad a varios colectivos vulnerables

Asimismo, también se da prioridad a las personas mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia machista, víctimas del terrorismo, familias monoparentales con hijos o numerosas y personas con discapacidad.

Por otro lado, este decreto posibilita que quienes ya tienen una vivienda pública y, por cuestiones sobrevenidas no pueden hacer frente al pago de las cuotas mensuales, se puedan convertir en alquiler social y, a la inversa, que quienes estén de alquiler puedan optar a comprar la vivienda.

Este decreto recoge otras medidas, como la posibilidad de que estas viviendas con protección sean incorporadas a los patrimonios protegidos de personas con algún tipo de discapacidad, incluidos menores de edad, de manera que dispongan de una vivienda adecuada a sus necesidades para el resto de su vida.

Cesión temporal de viviendas a entidades

También contempla la posible cesión temporal de viviendas a entidades sin ánimo de lucro para que puedan desarrollar en ellas sus fines sociales y atender a los colectivos a los que sirven.

Ahorro de 916.680 euros en pruebas médicas

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de un informe de la Consejería de Sanidad en el que se apunta que, con la puesta en marcha del Plan de Renovación Tecnológica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la región ha ahorrado en un año 916.680 euros en pruebas de resonancias magnéticas y de TAC, gracias a la renovación tecnológica de los equipos que se ha llevado a cabo en el último trimestre de 2016 y en los primeros meses de 2017.

Así, los 11 equipos de resonancia magnética existentes en la región, en los cuatro primeros meses de año, han realizado 7.582 resonancias más que en la misma fecha de 2016, lo que significa un incremento del 48,28 por ciento más.

También se han realizado 3.250 pruebas más de TAC en el primer cuatrimestre de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016, lo que supone que la actividad se ha incrementado en un 5,76 por ciento.

Todo ello, ha resaltado Hernando, se traduce en un ahorro que se cifra en 90 euros por resonancia magnética y 75 euros por cada TAC, al tiempo que se reducen las derivaciones a la sanidad privada.

Asimismo, también en Sanidad, ha resaltado que desde el 1 de julio, las 1.271 oficinas de farmacia de la región ya pueden dispensar mediante receta electrónica los medicamentos prescritos en ocho regiones.

Por otro lado, Hernando ha informado de la autorización a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la firma de un convenio con la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para seguir financiando la labor de los investigadores del programa Increcyt en centros de investigación de Castilla-La Mancha.

Este convenio permitirá financiar el trabajo de nueve investigadores, que desarrollan proyectos de calidad enológica, uso de nuevos combustibles, lucha contra el cáncer, contaminación urbana o cambio climático, entre otras materias.