El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recomendado hoy al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que acepte la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y dé «marcha atrás» en su idea de privatizar el servicio de aguas.
Emiliano García-Page, en rueda de prensa en su condición de alcalde de Toledo para presentar un libro de Enrique Barón Crespo, ha reaccionado así a preguntas de los periodistas sobre la resolución del Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda a favor del recurso presentado por el PSOE contra la adjudicación como socio privado de la gestión del servicio de aguas a Aqualia en la localidad ciudadrealeña.
«Me da la impresión de que hay gente en Alcázar al que el agua le está llegando al cuello y yo les daría una recomendación, que nunca sería consejo», ha afirmado el líder socialista, quien ha pedido al Ayuntamiento del municipio que aproveche el dictamen y no continúe el proceso de privatización del agua, «mayoritariamente contestado» por la ciudadanía.
Al líder socialista, le «da lo mismo si piden o no disculpas», -aunque cree que «sería lo deseable»- porque, a su juicio, «lo verdaderamente interesante sería que abandonen un proceso de soberbia».
En este sentido, ha pedido que «no les pase como con otras resoluciones» de la comunidad autónoma que «han contestado a los jueces diciendo que van a hablar muy alto, muy claro y con la letra gorda para ver si se enteran».
«Que acepten la resolución porque yo creo que eso hará que se puedan calmar las aguas, precisamente, en Alcázar de San Juan», ha aseverado.
BÓDALO SOSPECHA QUE «EL CONTRATO TENÍA NOMBRES Y APELLIDOS»
Por otro lado, el concejal socialista y exalcalde de la localidad, José Fernando Sánchez Bódalo, ha afirmado tras conocer la resolución que todo «hace suponer que el contrato tenía nombre y apellidos previos».
Bódalo ha calificado de «justa» la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, y que responde «a la demanda mayoritaria de los alcazareños que no quieren que no se privatice el servicio de aguas y que saben que hay gato encerrado» en el cambio de modelo de gestión de la empresa Aguas de Alcázar.
La resolución, contra la que cabe recurso, es consecuencia del recurso especial que el 19 de marzo presentó el Grupo Municipal Socialista de Alcázar de San Juan contra la adjudicación como socio privado de la gestión del servicio de aguas a Aqualia por «irregularidades» en el procedimiento.
La resolución se ha conocido un día después de que Sánchez-Bódalo, declarara como imputado en las diligencias previas que instruye el juzgado de instrucción número dos de la localidad por la querella penal interpuesta en 2012 por el actual equipo de Gobierno -formado por el PP y Ciudadanos por Alcázar (CxA)- por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos e irregularidades en la contratación de obras durante su gestión al frente de la empresa pública.