El Ministerio Fiscal ha pedido una multa de 750 euros para la sindicalista Matilde Castilla, juzgada por desobediencia a la autoridad por convocar una concentración en Ciudad Real, durante la campaña de las últimas elecciones europeas, en nombre de las Marchas de la Dignidad.
La defensa de Matilde Castilla ha pedido la libre absolución de la sindicalista (portavoz de STE-Intersindical), al considerar que no es culpable de los hechos por los que la fiscalía la ha sentado hoy en el banquillo, en un juicio que ha quedado visto para sentencia.
Momentos antes de entrar a los juzgados, la propia sindicalista ha explicado a los medios que no se sentía culpable de los delitos de los que se le acusaba, pues en todo momento los organizadores de la protesta en contra de la política de recortes impuesta por la UE trataron de comunicar a la sociedad, «empleando para ello todos los medios», que ésta había sido desconvocada por la Junta Electoral.
Castilla ha hecho hincapié en que para informar de la desconvocatoria usaron las nuevas tecnologías como el whatsapp y el Facebook, lo que «pone de manifiesto nuestra intención hacer todo lo posible para evitar esta concentración».
Por ello, ha considerado que «no hubo desobediencia a la autoridad», ya que facilitó el domicilio para recibir la comunicación por parte de la Subdelegación del Gobierno, y adoptaron todos los medios a su alcance para desconvocar la concentración, a pesar de que la comunicación les llegó tres horas antes de que ésta se fuera a realizar.
Castilla ha comentado, antes de entrar al juzgado, que estaba convencida de que el Ministerio Fiscal retiraría los cargos contra ella, pero finalmente no ha sido así.
Por su parte, el portavoz del STE-Intersindical, Augusto Serrano, ha mostrado el apoyo de este sindicato a su compañera y ha comentado que sus responsables acudieron a la Plaza Cervantes de Ciudad Real, «con la clara intención de informar sobre la desconvocatoria de la manifestación».
También ha señalado que «no se puede acusar de desobediencia a Matilde Castilla por el único hecho de que atendiera a la prensa», argumento que la misma acusada ha reconocido, antes de entrar a los juzgados, que era lo que podía haber llevado al Ministerio Fiscal a presentar los cargos contra ella.
El portavoz del STE-Intersindical ha señalado que el caso de Matilde es «uno más dentro de la campaña del Gobierno para reprimir a los movimientos sociales que, de una forma u otra, están denunciando sus políticas».
En este sentido, ha apuntado que en España son más de 200 personas las que sufren este tipo de acusaciones por parte de la fiscalía y ha puesto como ejemplo que, en Castilla-La Mancha, también se produjo esta «represión» durante la defensa de la Escuela Pública, con más de veinte personas denunciadas.