La portavoz el PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha opinado hoy, tras conocer la petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, que «está claro que se cometieron irregularidades» en la caja.
En declaraciones a Efe, Riolobos se ha pronunciado así tras hacerse pública la petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La Mancha y para el ex director general Ildefonso Ortega.
Riolobos ha aseverado que su partido «no es nadie para valorar si dos años y medio de prisión son muchos o pocos, es un asunto que está en los tribunales», pero ha recalcado que el PP «como siempre» se ha mostrado «tremendamente respetuoso con las decisiones judiciales y con la Fiscalía».
Sí ha querido realizar una valoración desde el punto de vista político, al denunciar que «lo que ocurrió en CCM fue un auténtico expolio a todos los castellanomanchegos» y además se dieron «una serie de actuaciones que se han considerado por parte de los tribunales de muy irregulares».
Ha recordado que el PP, como oposición, «denunció estas irregularidades que eran sistemáticamente negadas por el PSOE» en el Gobierno regional, cuando estaba presidido por José María Barreda y el actual secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page «tuvo en este asunto una actuación estelar».
«Está claro que fueron los gobiernos del PSOE los que colocaron a Hernández Moltó» como presidente de CCM, ha opinado Riolobos, que también ha rememorado que Hernández Moltó fue consejero de Economía de la Junta, candidato a la Alcaldía de Toledo por el PSOE y «estrella invitada» en el congreso del PSOE en el que García-Page fue elegido secretario general.
De este modo, ha denunciado que los gobiernos socialistas de la Junta «permitieron, miraron para otro lado», ya que «no inspeccionaban cuando se estaba expoliando un patrimonio» de todos los castellanomanchegos.
«Está claro que la tropelía, que cuando se intervino costó 9.000 millones de euros, se hizo con la aquiescencia de gobiernos del PSOE».
Por todo ello, ha aseverado que «está claro que se cometieron irregularidades, hubo expolio al patrimonio» de los castellanomanchegos y se perjudicaron los intereses de la caja «por una nefasta gestión de la caja y por una manera por mirar para otro lado por parte del PSOE».