El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, subraya que el Gobierno regional ha logrado reducir el déficit público del 7,7 al 1,48 % del PIB en un año sin cerrar ni un solo centro sanitario o social y afirma que no se prevé adoptar medidas adicionales para reducir el déficit al 0,7 % en 2013.
Romaní hace estas consideraciones en una entrevista con la Agencia Efe poco después de cumplir su primer año en el Gobierno de María Dolores de Cospedal y en la semana en la que se ha hecho público el cumplimiento del objetivo de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.
Una entrevista en la que recalca que la reducción de seis puntos de déficit en un año (1.800 millones de euros) «no tiene precedentes» y explica que se ha conseguido con decisiones «valientes» y que tienen «altura de miras», aunque puedan resultar «impopulares a corto plazo».
«SIN FACTURAS EN EL CAJÓN»
El consejero dice estar seguro de que el Ministerio de Hacienda ratificará en los próximos meses el dato avanzado por Castilla-La Mancha y asevera que, aunque el PSOE haya expresado sus dudas al respecto, el déficit se ha rebajado «de verdad», sin «facturas en el cajón».
«Radicalmente, no; absolutamente, no», enfatiza Romaní cuando se le pregunta al respecto, antes de apuntar que se ha hecho «un corte absoluto con el pasado», con una época de «facturas en el cajón, de obligaciones que van aflorando, de compromisos plurianuales de locos».
Ahora, se haya pagado o no, cada factura está contabilizada y cada obligación reconocida, y eso es «muy importante», pues es parte del proceso para recuperar «la confianza» y «la credibilidad» de la Junta ante los ciudadanos y ante las instituciones, expone el consejero.
El responsable de Hacienda defiende también las decisiones adoptadas para atajar el déficit, pues eran necesarias «soluciones estructurales» en la Administración regional y se han hecho -en su opinión- sin perjudicar a la prestación de los servicios públicos.
«No se ha cerrado nada, se han reordenado servicios, se han racionalizado, pero no se ha cerrado nada. Seguimos manteniéndolo todo, pero de una manera sostenible y encajándolo de manera realista y razonable en el presupuesto», argumenta.
Romaní admite no obstante que haya medidas «impopulares» y también que alguna de ellas haya podido tener «efectos en el empleo», pero recalca que eran necesarias para atajar una situación provocada, precisamente, «por el inmovilismo» del Gobierno anterior.
MEDIAS REVERSIBLES Y MEDIDAS IRREVERSIBLES
El consejero plantea que «quizá alguna de las medidas hay que revertirlas y seguramente otras no», pero deja claro un planteamiento: se han hecho cambios estructurales para que la Administración sea sostenible, «no tiene ningún sentido que la podamos pagar hoy si no la podemos pagar mañana».
En cualquier caso, Romaní avanza que «no se prevé que haya medidas adicionales» para reducir casi ocho décimas de déficit este año, pues las medidas impulsadas el año pasado permitieron una rebaja «drástica, extraordinaria» a pesar de que algunas de ellas desplegaron sus efectos en la segunda mitad del año.
El Gobierno considera que simplemente con su aplicación durante todo el año, el objetivo estará cumplido.
LOS INGRESOS DE LA JUNTA CRECIERON EN 2012
Aunque el principal ajuste se ha realizado por la vía del gasto, el consejero también valora el funcionamiento de los ingresos y detalla que los ingresos propios de la comunidad aumentaron 106 millones de euros respecto a 2011.
El principal recorte de gasto se hizo en materia de personal, con la salida de alrededor de 10.000 interinos, aunque el consejero recuerda que ha habido «medidas de todas clases».
Romaní deja claro que cada decisión que se ha tomado sobre empleo público ha ido precedida por un análisis de las necesidades reales de cada servicio, de modo que todos ellos se han seguido prestando con medios «suficientes y necesarios».
En este contexto, el consejero critica la política de empleo público del Gobierno anterior, con ratios de funcionarios «muy superiores» a los de otros lugares, y sugiere que tenía fines distintos a los de prestar servicios públicos: «no sé si utilizar la Administración como una agencia de empleo».
«ERA NECESARIO REPENSAR EL SISTEMA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES»
También ha habido un recorte sustancial en las transferencias corrientes, pues era necesario «repensar todo el sistema de ayudas y subvenciones», dado que «quizá algunas no estaban justificados», igual que se ha dejado de invertir en proyectos sin rentabilidad social y económica.
«La administración lo que tiene que hacer es invertir en aquello que es propio de la administración, prestar servicios públicos. El empleo lo tienen que generar los agentes privados, la inversión la tienen que generar los agentes privados», añade.