El consejero de Hacienda en Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, anuncia que durante el mes de enero el cierre de las cuentas publicas de Castilla-La Mancha registró un déficit del 1,24 por 100 del PIB.
«Esta cifra está sujeta a revisión del Ministerio. Es una cifra muy ajustada hasta el tope de 1,30 por 100 marcado por el Ministerio, está dentro de los compromisos del Gobierno de España», aseguraba Romaní.
El consejero indicaba que esta cifra «certifica que las cuentas de Castilla-La Mancha están encarriladas, son sostenibles».
Romaní destacaba dos circunstancias que se dieron durante el año pasado. «En relación a 2013 hay dos agujeros que han impactado en las cuentas públicas de 2013» y que proceden de la época socialista. Romaní explicaba que «los cuentos chinos» a los que se refería el secretario general del PSOE en CLM, Emiliano García-Page, se llama «devolver 12 años de un impuesto nuclear (Idaima) que supone más de 212 millones y también ingresas 65 millones de IVA que se olvidó de ingresar en una empresa pública, que alguien no liquidó».
«Son dos agujeros que han impactado en 2013, pero no se repite de año en año. Son excepcionales y computan aparte del 1,24 por 100 del déficit», es decir, «no hemos ajustado el gasto para tener que hacerle hueco a estos agujeros».
NO SE CONTABILIZA EN EL OBJETIVO DEL 1,3 POR 100
El impacto que tendrán dichos gastos en el déficit público será de dos décimas el IVA y seis corresponderán al Idaima. En este punto, en el mes de julio del año pasado, se votó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el déficit fuera del 1,3 de máximo, eso sí, el consejero castellanomanchego ya dejó clara su postura en aquella reunión, y posteriormente lo manifestó públicamente, sobre los efectos extraordinarios que debían quedar fuera de dicho objetivo del 1,3 por 100.
ASÍ SE PAGARÁ
Para pagar estos más de 270 millones «extra», la Administración regional ha conseguido financiación a través de una partida adicional al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) que permitira´ que esta partida esté pagada a 30 de junio, evitando así comprometer la tesorería.
En cuanto al IVA, se está negociando con la Agencia Tributaria un aplazamiento a cinco años.