El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha subrayado hoy la necesidad de una ley de estabilidad presupuestaria para evitar comportamientos «irresponsables» como el del Gobierno anterior, que entre 2008 y 2011 presupuestó necesidades de financiación de 2.000 millones y, en realidad, aumentó la deuda en 8.000 millones.
Romaní ha ofrecido estos datos en su intervención al término del debate sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, norma que hoy han aprobado las Cortes autonómicas y que, entre otras cuestiones, impone un techo de gasto a la administración.
El consejero ha expuesto que esta ley es fundamental para sentar las bases de la recuperación económica y para garantizar el sistema de derechos sociales, pues «cuando una administración pública no funciona, nada puede funcionar en la economía» al no ser posible generar la confianza necesaria.
Se trata de evitar lo que ha pasado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde, según Romaní, un Gobierno se ha gastado lo de su Legislatura y las siguientes, «lo de su generación y lo de la siguiente».
Según el responsable de Hacienda, lo ocurrido en la última Legislatura supuso «el desprecio absoluto a los principios básicos de la hacienda pública», pues el Gobierno regional llevó a las Cortes de forma sistemática «un presupuesto falso, generador de un endeudamiento exagerado o inasumible».
Romaní ha precisado que el presupuesto de 2011 tenía «un agujero» de inicio de 1.660 millones de euros» que la Junta «ocultó» a las Cortes y, probablemente, también al grupo socialista.
Pero el consejero también ha indicado que en 2008 se presupuestaron «cero euros» en necesidades de endeudamiento y, sin embargo se colocaron 1.031 millones, algo parecido a lo que ocurrió en 2009 (407 millones de deuda presupuestados por 1.702 reales), en 2010 (1.121 millones por 2.669 millones) y en 2011 (473 millones por 3.010 millones).
En total, ha recalcado, se presupuestaron 2.001 millones de necesidades de financiación y en realidad esa cifra aumentó a 8.012 millones de euros, lo que constituye «un absoluto engaño a los ciudadanos».
El consejero ha indicado además que ese volumen de deuda acumulado tiene consecuencias inmediatas, como la necesidad de dedicar en 2013 1,35 millones al pago de intereses, el doble que una región normal.