El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha rechazado hoy que Castilla-La Mancha vaya a incumplir el objetivo de déficit este año, tal y como sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para lo que se ha basado en la opinión manifestada por el Ministerio de Hacienda.
Ruiz Molina se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas, tras reunirse con el grupo parlamentario socialista, sobre el informe de la AIReF que sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades que tendrán «problemas» para cumplir el objetivo de déficit del 0,7 por 100 del PIB de este año, a pesar de la aplicación de acuerdos de no disponibilidad o de medidas de retención de crédito.
Así, ha explicado que la Autoridad Independiente «ha hecho una estimación en términos econométricos basándose en la evolución de los años anteriores y haciendo proyecciones para el futuro» y, «con la trayectoria de incumplimientos de déficit en los cuatro años anteriores», dice que Castilla-La Mancha no va «a cumplir este año».
«Es una metodología que respeto, pero que, por supuesto, no comparto», ha considerado el consejero, quien ha señalado que «luego hay otra metodología» que es la que trató con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Este método, ha expuesto, consiste en «analizar partida por partida el presupuesto de 2016» y fue lo que les permitió que el Gobierno central aprobase el plan de ajuste de la comunidad para poder acceder a los fondos de liquidez autonómica.
«Ocurrió que les convencimos de que las cifras del presupuesto de 2016 están perfectamente diseñadas no para cumplir el objetivo del 0,7 sino para cumplir el objetivo del 0,3 y nos aprobaron el plan de ajuste y, por eso, estamos obteniendo los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)», ha defendido.
Por otro lado, el consejero ha anunciado que la Junta ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional las alegaciones preparadas junto a los sindicatos en defensa de la reducción de la jornada laboral de los funcionarios, entre ellas, la petición del levantamiento de la suspensión cautelar de las 35 horas semanales.
Ha explicado que su intención es que el Tribunal Constitucional admita el levantamiento de la suspensión cautelar para que «de forma inmediata» los empleados públicos de la Junta vuelvan a la jornada de 35 horas semanales, aunque tarde «mucho más» en pronunciarse sobre el fondo del asunto.