El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el sexto plan de fomento al alquiler del vivienda y la rehabilitación, para el periodo 2013-2016, que está dotado con 154 millones de euros y que da continuidad a las medidas en materia de vivienda impulsadas por el Ejecutivo regional.
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha informado en conferencia de prensa de la aprobación de este plan, uno de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno.
García de la Calzada ha explicado que este plan se ha aprobado en virtud del convenio firmado el lunes con el Ministerio de Fomento, que permite la llegada de 116 millones de euros de ayuda estatal para esta materia, que se suman a los 38 que aporta el Gobierno regional.
Este plan de vivienda se basa en seis ejes principales, uno de ellos el que contempla las ayudas al alquiler, que en concreto se divide en dos programas, uno de los cuales consiste en ayudas directas a inquilinos, dotado con 20 millones de euros.
Estas ayudas, tal y como ha explicado la consejera de Fomento, serán para «quienes más lo necesitan» y, para ello, se establecerán topes de renta, además de concretar una cuantía máxima de ayuda al alquiler y determinar un tope máximo de precio del alquiler que merece ser subvencionado.
El segundo programa relacionado con el alquiler, dotado con 6 millones de euros, está centrado en el fomento del parque público de viviendas en alquiler.
Otro de los ejes del programa es la rehabilitación y, por ello se reservan 34 millones de euros para que los ciudadanos puedan convertir sus casas en «viviendas más cómodas, más seguras y más eficientes», al tiempo que supone una nueva oportunidad de crecimiento para el sector de la construcción.
Asimismo, se destinarán 7 millones de euros para la regeneración y renovación urbanas.
García de la Calzada ha dicho que el decreto contempla, además, otras disposiciones, como la posible descalificación de vivienda con protección pública
Para llevar a cabo este proceso, será necesario que la vivienda protegida haya estado en venta más de seis meses y no se haya vendido, que haya en la zona otras viviendas similares sin vender y que el constructor devuelva las ayudas.
La consejera ha explicado que esta medida tiene como finalidad «reducir el stock de viviendas vacías en la región».
Otras disposiciones que recoge este plan de ayuda a la vivienda es una medida que «ha sido fruto de numerosas peticiones y de una recomendación de la Defensora del Pueblo, según ha dicho la consejera.
De este modo, se permite que una personas que habiendo comprado una Vivienda de Protección Oficial y, tras cumplir determinadas situaciones, puedan ceder en alquiler por un máximo de 3 años esta vivienda.
Los inquilinos que ocupen dichas viviendas deberán cumplir también unos requisitos, como límites de renta.
Con esta medida, tal y como ha valorado García de la Calzada, se atiende una petición que ha llegado en ocasiones de adjudicatarios de VPO, quienes han recibido una oferta de trabajo en otra localidad y no la han aceptado por el hecho de tener que dejar cerrada esta vivienda.
García de la Calzada ha explicado que, una vez culminada esta tramitación, se publicarán las convocatorias de ayudas correspondientes a este año, si bien ha recordado que ya se han aprobado 10 millones de euros para ayudas al alquiler.
Por todo ello, García de la Calzada ha aseverado que este plan de vivienda nace con la «clara vocación de hacer del ciudadano el centro de atención» en las políticas de vivienda y para «atender las necesidades reales de los ciudadanos».