La plantilla de Airbus en Illescas (Toledo) ha vuelto a concentrarse ante las puertas de la factoría en apoyo a los 8 sindicalistas de su empresa encausados por su participación en la Huelga General del 29-S de 2010, y para reclamar la derogación de artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza la actividad sindical. Una «antigualla franquista», destaca CCOO, para reprimir las protestas de las y los trabajadores y resucitado en la legislatura de mayoría absoluta del PP para perseguir y encarcelar sindicalistas, indica el sindicato en un comunicado.
A la concentración han asistido Jesús García Villaraco, secretario general de CCOO de Toledo; Óscar Aguado, responsable provincial de CCOO-Industria de Toledo; y tres de los trabajadores imputados, José Alcázar, Tomás García y Armando Barco.
El juicio contra ‘los ocho de Airbus’ se celebrará en los Juzgados de Getafe entre los días 9 y 12 de febrero, tras no llegarse a un acuerdo en la vista preliminar que tuvo lugar el pasado 1 de julio, ha señalado Villaraco, quien considera «una aberración antisindical y antidemocrática la petición de la Fiscalía de más de ocho años de cárcel para estos sindicalistas. Petición impulsada por la Fiscalía durante la primera etapa del Gobierno de Rajoy inmerso en una campaña para frenar las numerosas movilizaciones que se estaban produciendo en todo el país contra los recortes del PP».
«No estamos hablando sólo de un ataque a los ocho compañeros de Airbus, es un ataque a las bases del sindicalismo, y al derecho de huelga, reconocido en la Constitución, y que es la herramienta última que las y los trabajadores utilizan para avanzar en sus derechos y conseguir mejoras laborales», afirma Villaraco.
«Sin organizaciones sindicales, sin lucha obrera, sin presión no hubiera sido posible conseguir los logros y avances en derechos laborales y sociales alcanzados a lo largo de la historia», recalca el secretario general de CCOO de Toledo, que añade que «continuaremos con la campaña de información y movilización que estamos llevando a cabo a nivel estatal e incluso europeo de apoyo a estos trabajadores y para reclamar la derogación del citado artículo del Código Penal».