La Junta de Castilla-La Mancha va a dejar de percibir 300.000 euros tras haberse aprobado la supresión de 10 tasas que han sido consideradas de «injustas e inhumanas». El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, matizaba que el Ejecutivo apuesta por un «sistema impositivo progresivo», pero no por uno que «sufrían dependientes, desempleados e inmigrantes».
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha suprimido «10 tasas injustas e inhumanas que sufrían dependientes, desempleados e inmigrantes», explicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, quien señalaba que apuestan por un sistema impositivo pero que «sea progresivo».
Las cinco tasas que suponen una mayor presión fiscal para dependientes y personas discapacitadas y que se han eliminado son las siguientes:
La tasa de solicitud por revisión del grado de discapacidad, que es 31,21 euros, a la que había que añadir 10,40 más si hay que desplazarse al domicilio para efectuar valoración oportuna.
También desaparece la tasa de 41,62 euros por revisión del grado de dependencia y la de 15,61 euros por revisión del Programa Individual de Atención (PIA).
Sobre la solicitud de la tarjeta de accesibilidad, se eliminarán la tasa de los 8,32 euros, que subía hasta los 16,73 euros en el caso de la solicitud de duplicado.
En relación al sector de la dependencia, desaparece la tasa por emisión del certificado de idoneidad como cuidador no profesional de personas en situación de dependencia en el entorno familiar, que era de 36,41 euros.
En cuanto a las personas en desempleo, desaparece la correspondiente a la expedición de certificados de profesional, que tenía una tarifa de 41,85 euros y de 15,61 si se solicitaba un duplicado.
En cuanto a las tasas que tenían que soportar las personas inmigrantes, desaparecerá la que tenía que ver con la realización de informes de esfuerzos de integración, que eran de 25,49 euros, y la de los informes de disposición de vivienda adecuada e informes de arraigo, cuyas tarifas eran de 9,88 y 20,29 euros, respectivamente.
En el área de Agricultura y Medio Ambiente se eliminarán dos tasas «igualmente injustas» por gravar al ciudadano por trámites que la Administración está obligada a hacer el oficio.
La primera que se elimina en este apartado es la correspondiente por renovación, actualización o revisión de la autorización ambiental integrada, que ascendía a 416,16 euros. Y la segunda, la correspondiente por emisión de informes de evaluación de impacto ambiental, que era de 26,01 euros.
El portavoz del Gobierno aseguraba que «no es una lista exclusiva» y anunciaba que «habrá tasas que se eliminarán posteriormente» con el objetivo de que «quienes más tengan más aportan».
El Ejecutivo castellanomanchego dejará de ingresar por estas tasas 300.000 euros.