La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha mostrado su «satisfacción» por el fallo del Tribunal Supremo que avala el ERE de Geacam y ha asegurado que «desde el primer momento» la Junta busco «no sólo la viabilidad de la empresa sino sobre todo mantener el empleo».
En declaraciones a la Agencia EFE, Soriano ha dicho que está «muy satisfecha» especialmente porque el fallo no aprecia fraude de ley y considera «que en la negociación se buscó el menor impacto posible para los trabajadores».
A la espera de conocer el texto íntegro de la sentencia, Soriano ha querido enviar un mensaje de «agradecimiento y tranquilidad» a los trabajadores de Geacam.
Agradecimiento porque «ya hay 1.300 que viendo la situación que estaba provocando la paralización del ERE, han cambiado voluntariamente su contrato de fijo a fijo discontinuo», ha asegurado Soriano.
«De no haberlo hecho -ha dicho la consejera- la empresa hubiese incurrido este año en un déficit de casi 14 millones».
Soriano ha destacado su comportamiento «tan extraordinario al saber ver la situación en la que estaba la empresa y que de no haber adoptado esas medidas el futuro de Geacam hubiera estado muy limitado».
El Tribunal Supremo avaló ayer el Expediente de Regulación (ERE) aplicado en la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) para cerca de 2.000 trabajadores, en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
El pleno de la Sala de lo Social acordó el pasado día 13, aunque con el voto particular de varios magistrados, estimar el recurso presentado por Geacam contra la sentencia del tribunal castellanomanchego, que declaró nulo el despido colectivo por considerar que el pacto fue alcanzado en «fraude de ley».
Para el Supremo, sin embargo, no hubo ningún fraude de ley en la negociación durante el período de consultas del despido colectivo, que comprende unas medidas con el menor impacto posible de los afectados, y que no son contrarias al ordenamiento jurídico, en concreto la opción de recolocación diferida.
El ERE fue firmado por la dirección de la empresa con los sindicatos UGT, SATIF y SIBF el pasado 31 de octubre de 2012 y motivó que los empleados no hayan trabajado los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.
Hasta marzo de ese año, 1.740 trabajadores no se reincorporaron para formar parte del dispositivo de incendios de la campaña de 2013.