La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha solicitado que se limite el máximo la transferencia de fondos europeos entre los distintos sectores agrarios.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y las comunidades autónomas han analizado las cuestiones aún abiertas de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), como los límites a las ayudas.
Arias Cañete y los consejeros autonómicos han celebrado un Consejo Consultivo, para preparar la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), que se celebrará el próximo lunes en Bruselas.
Han asistido los consejeros de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Melilla, Murcia y Navarra.
El ministro ha repasado con los consejeros el estado actual de la reforma de la PAC, que las instituciones de la UE pactaron en junio, aunque aún quedan por delimitar flecos.
Además, Gobierno y CCAA han constituido grupos de trabajo para fijar la aplicación de la nueva PAC en el campo español.
La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha solicitado que se limite el máximo la transferencia de fondos europeos entre los distintos sectores agrarios.
Uno de los puntos de la PAC que está en discusión es la «división» de comarcas agrarias a la hora de establecer los criterios de reparto.
En este punto, Soriano ha incidido en que en Castilla-La Mancha existen zonas con limitaciones provocadas por la falta de agua, tanto por las bajas precipitaciones como por tener los acuíferos «sobreexplotados».
Por otro lado, Castilla-La Mancha tiene interés en que las ayudas que queden «acopladas» o vinculadas a la producción vayan orientadas «fundamentalmente» a la ganadería.
Dentro de la PAC, otro punto por decidir es la definición de «agricultor activo», lo que influye en la distribución de fondos.
Soriano se ha mostrado partidaria de que al asignar los fondos no se tenga en cuenta la figura del productor activo, sino la de «agricultura o ganadería activa que genere actividad y empleo».
PROPONEN UN RECORTE DE ENTRE EL 50 Y EL 100 POR 100
Por su parte, la consejera de Agricultura de Andalucía, Elena Víboras, ha pedido que para los productores que perciban más de 150.000 euros haya una reducción del 50 por 100 en la subvención y que a los que obtienen más de 300.000 se les recorte el 100 por 100.
Ha reclamado que el dinero resultante de esas rebajas vaya a planes de desarrollo rural y ha puntualizado que, en este aspecto (el techo a las ayudas), hay «diferencias» con el ministro.
Vívoras ha preguntado a Arias Cañete por la inclusión del aceite de oliva dentro de los planes para el fomento del consumo de ciertos alimentos en las escuelas, financiados por la UE, no solamente en Andalucía, sino en toda España, y que ahora existe para las frutas.
La consejera de Castilla y León, Silvia Clemente, ha mostrado su preocupación por el período de «transición» hasta que se aplique la nueva PAC, que no va a estar completamente lista hasta 2015, en lo que afecta a los pagos directos.
Clemente ha valorado que los grupos de trabajo entre Gobierno y CCAA coincidan en el tiempo con las reuniones que habrá en Bruselas entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo para perfilar los puntos pendientes de la PAC.
«Esto nos va a permitir establecer todas las matizaciones a los reglamentos», según la consejera.
Además, ha confiado en que el nuevo reparto de los fondos de desarrollo rural sea favorable, porque, a su juicio, en el marco actual (2007-2013) Castilla y León salió perjudicada y perdió ayudas por «criterios arbitrarios y desconocidos».
REFORMA ENERGÉTICA
En el caso del consejero de Agricultura de Extremadura, José María Echávarri ha trasladado al ministro su preocupación por la reforma energética aprobada por el Gobierno, por implicar una subida en las tarifas eléctricas para los regantes.
Echávarri ha explicado a la prensa que dicha reforma incrementa en un 115 por 100 dicha tarifa y, al establecer un coste fijo, penaliza el ahorro.
Por esta razón, ha solicitado a Arias Cañete que haga llegar sus peticiones al Ministerio de Industria y que se faciliten soluciones en favor de los regantes, como una tarifa especial similar a la que había antes de 2006, un IVA reducido o que la factura se diferencie según sea época de riego o no.