La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, se ha mostrado satisfecha con el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial para el reparto de las ayudas de la PAC, ya que además de lograr 6.747 millones para la región se reconoce por primera vez la figura del agricultor activo.
En conferencia de prensa, tras las reuniones de ayer y hoy en las que han participado todos los consejeros del ramo y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, Soriano ha valorado que, con el resultado de la negociación, se atiende a la ganadería y a los agricultores de secano que tienen menores producciones o rendimientos, que incluso corrían el peligro de quedarse sin ayudas.
En concreto, del montante total para Castilla-La Mancha, 5.600 millones son para ayudas directas y 1.147 millones de euros para el programa de desarrollo rural de la región, que ve incrementada la partida en 4 millones en comparación con la anterior PAC.
Ha resaltado sobre todo este aumento en el programa de desarrollo rural, en un «contexto en el que algunas comunidades autónomas han perdido una parte importante del presupuesto, en algunos casos hasta de 200 millones», sin embargo en Castilla-La Mancha, con estas ayudas, se permitirán mantener las rentas agrarias y se fortalece el sector.
Ha subrayado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con más fondos para desarrollo rural, tan sólo por detrás de Andalucía, y que estas dos regiones son las únicas con más de mil millones para este programa.
Por sectores, Soriano ha destacado que Castilla-La Mancha consolida unos 20 millones de euros para unos 10.000 agricultores de secano de baja productividad, unas ayudas que «era muy importante mantener», porque han estado a punto de desaparecer al no continuar el programa de rotación de secano.
También van a recibir una «parte importante del presupuesto» de, pago acoplado los frutos de cáscara, mientras que los cultivos proteicos ingresarán 44 millones de euros, que irán a parar fundamentalmente a agricultores de Cuenca y Guadalajara.
Un aspecto que hoy se ha incluido en la negociación y que ha sido impulsado por Castilla-La Mancha, según su consejera de Agricultura es que se incluyan las leguminosas de calidad, de las que este cultivo en la región cada año aproximadamente ha recibido el 30 por ciento del presupuesto.
En cuanto a la ganadería, uno de los principales objetivos en la reforma, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, era el que se dotara de fondos a este sector, que recibirá unos 490 millones de euros.
Soriano ha destacado las ayudas que recibirá el sector ovino, que multiplica por cinco las ayudas con respecto a los pagos acoplados actuales, mientras que el caprino multiplica por dos su presupuesto anterior.
Especial hincapié ha hecho en la creación del concepto de «agricultor activo», una figura que, tal y como ha resaltado Soriano, Castilla-La Mancha ha defendido desde el primer momento, para que «las ayudas vayan a quien realmente tienen una agricultura o ganadería activa y quienes mantienen sus cultivos», ya que son ellos quienes «crean riqueza y empleo» en la región.
En concreto, ha detallado que el agricultor activo es aquel que al menos el 20 por ciento de sus ingresos agrarios proceden de la comercialización de sus productos, aunque quedan fuera de esta clasificación los que reciben ayudas por importe menor a 1.250 euros.
En el caso de los ganaderos, se garantizar que las ayudas vayan para quienes tienen una «carga ganadera mínima», que se ha fijado en 0,20 unidades de ganado mayor por hectárea, por ejemplo, una vaca cada cinco hectáreas.
La comarcalización es otro aspecto que «interesa muchísimo» a Castilla-La Mancha, ya que tratará de minimizar el movimiento de fondos de unos agricultores a otros.
De momento, el acuerdo ha sido en que se crearán de 22 a 24 comarcas, si bien aún se tiene que definir cuál de los tres modelos será, si con 22, 23 ó 24 comarcas.
También ha valorado que se ha acordado, por primera vez en España, un sistema para impedir que se pierdan fondos europeos y que posibilitará que otras comunidades autónomas gasten los fondos perdidos por otras regiones por no tener capacidad para gastarlos.
Con todo ello, esta negociación permitirá «seguir creando riqueza, empleo e impulsar la industria agroalimentaria y otras actividades económicas, como el turismo rural, el turismo cinegético y calidad de vida de los ciudadanos del mundo rural», ha concluido Soriano.