El Sindicato de Trabajadores de la Administración (STAS) de Castilla-La Mancha ha denunciado que «se irán a la calle» entre 700 y 800 interinos con el concurso de traslado de funcionarios que está preparando el Gobierno regional.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración (STAS) de Castilla-La Mancha ha denunciado que el Gobierno regional va a llevar a cabo «el mayor ERE» entre los empleados de la Junta, donde «se irán a la calle» entre 700 y 800 interinos con el concurso de traslado de funcionarios.
Este es el cálculo que ha hecho a Efe el secretario regional del STAS en la comunidad, Gustavo Fabra, quien ha explicado que de las 1.150 plazas de funcionarios que van a salir a concurso de traslados y que se ha publicado en el Portal del Empleado de la Junta, la inmensa mayoría, «entre el setenta y el ocho por 100 de las vacantes que ahora ocupan interinos se va a quedar sin cubrir».
Según el STAS, en la consejería de Educación y Cultura quedarán vacantes tras el concurso unas doscientas plazas, 269 en Agricultura, otras 242 en Sanidad y Bienestar Social y en Presidencia 57 y así en todos los departamentos de la Junta hasta un total de vacantes de 1.150, de las que solo se cubrirán alrededor del 20 por 100.
El procedimiento que seguirá la Administración en este Concurso de Traslados, que se publicará definitivamente el próximo día 23, será dejar que el concurso se efectúe con normalidad y que los funcionarios de carrera ocupen los puestos de nivel superior, con lo que los interinos tendrán que abandonar la plaza e irse al paro.
Pero, el problema, ha dicho, es que a diferencia de otras ocasiones cuando se cubrían de forma inmediata esas vacantes, «esta vez no hay intención de llevarla a cabo por parte de la consejería de Administraciones Públicas.
Con ello, explica el STAS, se elimina la posibilidad de los interinos a reingresar en la Administración a través de las bolsas de trabajo que se generan en la Oferta de Empleo Público y ahí es donde está «el ERE encubierto».
«El cese de interinos es legítimo, pero, no cubrir las vacantes es un verdadero atentado contra los servicios públicos», argumenta el responsable del STAS, quien advierte de la situación en que pueden quedar algunos servicios de la Junta.
Fabra ha recordado que en la última Mesa Sectorial celebrada el 22 de septiembre el director general de la Función Pública preguntado por el STAS si podía garantizar la cobertura de las plazas vacantes tras el concurso de traslados, respondió literalmente que «se cubrirán las estrictamente necesarias».
Además, en una reunión que mantuvo el director general con el STAS les comunicó que «hay que reducir la tasa de interinidad del 30 por ciento actual a un 7 por 100».
Todo ello les lleva a afirmar y a poner «la mano en el fuego» que la Junta «pretende realizar una destrucción masiva de empleo público en la Junta» que han cifrado entre 700 y 800 los puestos de interinos que no se van a cubrir.
Hasta ese momento las vacantes -dice el STAS- permanecerán en la Relación de Puestos de Trabajo para justificar que no se ha eliminado ninguna, pero, se mantendrán sin cubrir y sin dotar económicamente.
Así, en cualquier Mesa Sectorial convocada en febrero o marzo se presentará una modificación integral de la Relación de Puestos de Trabajo en la que se incluirá la amortización de centenares de plazas de empleo público.
Si a esto se suma, dicen, el anuncio del consejero de Presidencia y Administraciones Públicas de la congelación de la Oferta de Empleo Público, la no cobertura de bajas y el despido «masivo» de personal laboral interino y de asistencias técnicas, «vemos como la situación se puede resumir con una imagen: se abre el desagüe para que salga la gente y se cierran puertas y ventanas para que no entre nadie».
Por todo ello, el STAS de Castilla-La Mancha exige a la consejería de Presidencia y Administraciones Públicas la cobertura «inmediata» de todas las plazas que queden vacantes tras el concurso para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
El STAS inició hace tres semanas una campaña de recogida de firmas que se está realizando en todas las consejerías y delegaciones provinciales mesa a mesa y en la que llevan un millar de rúbricas recopiladas.