Los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendrán un incremento de un 1 por 100 en sus salarios, que es el porcentaje máximo que autoriza la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, tal y como ha confirmado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno.
Es parte del acuerdo al que han llegado en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos con el 56 por 100 de los representantes sindicales, que no han firmado ni STES ni CSIF, y en el también se ha aprobado la devolución del 50 por 100 que les quedan por cobrar «de la paga extra que se les quitó en diciembre de 2012. De la mitad de la paga extra, el 25 por 100 se pagará en abril o en mayo, en cuanto se aprueben los Presupuestos de 2016 en las Cortes regionales; y la parte restante bien en octubre de este año si la situación presupuestaria lo permite, si cumplimos con el objetivo del déficit del 0,3 por 100; si no cumpliéramos, se pagaría en enero de 2017″.
RECUPERACIÓN DE LA TASA COSPEDAL, DEL 3 POR 100, EN 2017 Y 2018
Ruiz Molina también se ha referido a la recuperación de la denominada tasa Cospedal, la reducción del 3 por 100 en el sueldo que se hizo a los funcionarios, «la única comunidad donde se bajó. Hemos acordado que el 1,5 por 100 se pague en 2017 y el 1,5 por 100 restante, en 2018. Y se les añadirá un 0,5 por 100 adicional».
Y respecto a la recuperación de los días en los que los funcionarios no van a trabajar por enfermedad o baja médica, se les volverá a permitir disfrutar de cuatro días al año sin que tengan que haber requerido una baja.
El consejero ha agradecido «la comprensión de los sindicatos al acordar con el Gobierno de Castilla-La Mancha la recuperación de los derechos suprimidos, para que sean compatibles con las medidas que vamos a adoptar para las personas que no tienen trabajo». Negociaciones que no han finalizado aún, puesto que en las próximas semanas continuarán hablando de otros aspectos económicos y de la mejora de las condiciones de trabajo.
Respecto a la no firma en el acuerdo de STES ni de CSIF, Ruiz Molina ha señalado que lo respetan, «querían empleo público y les hemos dicho que se van a contratar 1.775 personas en este ejercicio y a lo largo de la legislatura se creará un volumen importante de empleo, pero no les ha parecido suficiente, quiero pensar que consideran que todo el margen es para recuperar el derecho de los funcionarios; los otros sindicatos quieren compaginar los derechos de unos y de otros».