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transporte sanitario 20/12/2012junio 13th, 2017

La Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real ha denunciado públicamente que la Junta de Comunidades está «asfixiando» económicamente a este colectivo al no abonarle la deuda que mantiene con ellos por el transporte sanitario.

En un comunicado de prensa, este colectivo ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha y a su presidenta, María Dolores de Cospedal, que realice el pago de la deuda que tiene contraída con los taxistas por el traslado de enfermos de diálisis a centros sanitarios y que asciende a 1,5 millones de euros.


La deuda, han indicado se corresponde a los servicios que este colectivo prestó entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012.

Según este colectivo, el importe total de esta deuda está siendo soportado por trabajadores autónomos y emprendedores que se encuentran «al borde de la ruina» por los impagos que les ha realizado el Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha (Sescam).

En su nota, la Asociación Provincial de Taxistas recuerda que hasta la fecha ninguna de las promesas realizadas por el Sescam en las distintas reuniones mantenidas con el sector se ha cumplido, lo que ha dejado a muchos taxistas «al borde de la quiebra técnica».

Según el sector, los profesionales del taxi se han quedado «descapitalizados por la morosidad de la Junta, por las desvalorización de sus licencias y por la falta de trabajo».

Por otro lado, el colectivo de taxistas ha recordado que el cambio en el servicio introducido por el Sescam no ha permitido mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

En este sentido, han señalado que ha ocurrido todo lo contrario, pues no se han mejorado los tiempos de traslado desde el hogar del paciente al centro de diálisis ni al revés, tampoco se han mejorado los tiempos de espera una vez finalizado el tratamiento y, desde luego, han añadido, «no se ha mejorado la calidad de vida del enfermo».

Los taxistas han indicado que su reclamación a la Junta es lógica y no han descartado el llevar a cabo todas aquellas actuaciones que consideren necesarias para conseguir que el Gobierno regional haga frente a los pagos que tiene pendiente con ellos.

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