Todos los sindicatos representados en la Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Diputación de Toledo han acordado, por unanimidad, registrar en la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas una petición de reunión con el director general de Función Pública y Justica «para analizar la situación creada tras la paralización por el TSJCM del proceso de integración del personal del Hospital Provincial de Toledo en el régimen estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha».
Los sindicatos, que creen que la situación creada es de «confusión e incertidumbre» entre el personal sanitario y administrativo, consideran que «la advertencia de la Justicia hace necesaria una modificación de la Orden de Integración del personal de cara a evitar posibles perjuicios o necesarias reparaciones, que dilatarían y complicarían en exceso todo el proceso».
Los sindicatos afirman que el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que paraliza la Orden de la Consejería de Sanidad, dictada el 28 de febrero a raíz del Decreto por el que la Diputación de Toledo transfirió a la Junta los medios personales, materiales y económicos del Hospital Provincial Nuestra Señora de la Misericordia y de la Unidad de Conductas Adictivas, «ha creado una situación de confusión e incertidumbre entre el personal sanitario y administrativo que presta su servicio en el centro hospitalario».
Añaden que «con el fin de definir con claridad el mapa actual del proceso de integración del personal», todos los sindicatos con representación sindical en la Diputación han suscrito la petición de reunión con el director general de la Función Pública y Justicia de Castilla-La Mancha, Juan Manuel de la Fuente, «al objeto de acercar posturas para definir la situación en la que quedarían los empleados públicos afectados por la transferencia y cuya decisión no sea integrarse en el Sescam», conforme al auto 289/13, emitido por el Alto Tribunal en pasado 13 de mayo de 2013.
Las centrales sindicales informan de que las alternativas para el personal sanitario y funcionarial, así como el tema del personal interino serán asuntos a poner sobre la mesa en la reunión con el director general, «ante la incertidumbre del futuro inmediato y las posibles consecuencias derivadas de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha», puntualizan.
Los sindicatos creen que «la advertencia de la Justicia hace necesaria una modificación de la Orden de Integración del personal de cara a evitar posibles perjuicios o necesarias reparaciones, que dilatarían y complicarían en exceso todo el proceso», por lo que esperan obtener «resultados positivos» de la reunión solicitada con el director general de la Función Pública y Justicia de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.