Alrededor de 2.000 trabajadores de la Diputación de Toledo, 700 de ellos laborales y el resto funcionarios, están pendientes de la negociación de las «nuevas condiciones laborales» que pretende el equipo de gobierno, tal y como este se lo ha hecho saber a los seis representantes sindicales en la institución provincial. De momento ha habido un primer contacto, en el que la Diputación insta a los sindicatos a que presenten «propuestas o alternativas en la negociación en el plazo más breve». Mientras la institución provincial ya habla de «ahorro y austeridad», en UGT se estima en un 20 por 100 la menor contratación que puede darse según las nuevas condiciones que pretente el equipo de gobierno del PP.
La negociación afecta a la plantilla de toda la estructura de la Diputación de Toledo, es decir, personal sanitario, no sanitario y administrativo, y a todos los organismos de la institución menos el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, las escuelas taller y la Unidad de Desarrollo y Empleo. A los centros hay que sumarles los organismos autónomos, estos son, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (OAGT) y la Agencia Provincial de la Energía (APET).
La Mesa está compuesta por un representante por cada partido político, PP y PSOE. Por el Partido Popular se sienta el diputado de Empleo Público y Régimen Interior, Manuel Fernández, mientras que por el PSOE lo hace el diputado Tomás Villarrubia. En cuanto a los sindicatos, se sienta un representante por cada uno de estos sindicatos: CSI-F, CCOO, SATSE, UGT, USAE y USO.
La institución provincial ha propuesto a los represenantes sindicales la suspensión del acuerdo anterior y la aplicación de las leyes en materia de función pública, el Estatuto Básico del Empleado Público y «demás normativas estatales y autonómicas de obligado cumplimiento».
También se recoge en la propuesta de la Diputación la modificación del porcentaje a completar por la Corporaración en la situación de incapacidad temporal transitoria, así como la suspensión del acuerdo en materia de acción sindical. Asimismo, la voluntad de la Diputación es «adecuar las Bolsas de Trabajo a la normativa legal aplicable».
Los sindicatos, según las fuentes sindicales consultadas por encastillalamancha.es, esperan sobre todo del equipo de gobierno que presente con claridad sus propuestas, ya que es la institución provincial la que ha anunciado su deseo de negociar «unas nuevas condiciones» de un Acuerdo Marco negociado en 2008, expirado en diciembre de 2011 y que sigue vigente gracias la inmediata prórroga del mismo.
La institución provincial ha propuesto a los representantes sindicales la «suspensión del anterior acuerdo», pero Mamen Cervantes, por CCOO, avisa de que «no se puede suspender hasta que no se elabore otro acuerdo, que también es un convenio, por tanto no se puede romper de un día para otro y dejarlo en un vacío legal». «Hasta que no se elabore el próximo, este sigue vigente», añade, y recuerda que «según la nueva ley de empleado público, hay dos años para renegociar el próximo (esto es aplicable solo a los laborales).
La representante de CCOO admite que, en función de la ley de 2011 para todo los empleados de todo tipo de administraciones locales, «el equipo de gobierno quiere aplicarla porque puede hacerlo» pero añade que hay aspectos concretos que «podrá quitar unilateralmente y otros que no».
Por otro lado, desde el equipo de gobierno ya se ha anunciado «racionalización de recursos, austeridad y medidas de ahorro y contención del gasto». Para CCOO, esto va a suponer de hecho la no renovación de contratos en el Hospital Provincial y la Residencia Social Asistida y más recortes, pero el sindicato aún no puede cuantificar la pérdida de empleo que van a significar las nuevas condiciones, ya que, por ejemplo, hasta el próximo 31 de diciembre no expiran muchos contratos del Hospital Provincial (aunque ya han avanzado que la conversión en consorcio con el Sescam va a provocar la pérdida de al menos 60 puestos de trabajo). «Habrá bastantes menos contratos», eso seguro, admite Cervantes.
UGT: «QUIEREN HACER UNA LIMPIA»
Por su parte, el representante de UGT en la Mesa General, Pablo Hidalgo, pide sobre todo al equipo de gobierno que les presente los capítulos del acuerdo que se verían afectados por los problemas económicos. En general no entiende esta forma de negociación, que él no considera tal, de «intercambio de escritos», y echa de menos las «auténticas negociaciones» que a su juicio había con otros gobiernos del PP, que se alargaban hasta más de un mes. Asegura al respecto que con el actual equipo de gobierno, hasta ahora, ha habido solo dos reuniones, lo que considera totalmente insuficiente.
Cree Hidalgo que la plantilla se rige por un convenio acuerdo marco que «está dentro de la legalidad», y no entiende cómo a los sindicatos se les pide que cambien algo que consideran que funciona. «El tsunami de los recortes está llegando a todos los sitios», afirma quien cree que el equipo de gobierno «en realidad no quiere negociar».
UGT «está dispuesta a hablar el tiempo que haga falta pero con una propuesta de capítulos afectados por los problemas económicos encima de la mesa», insiste.
Por último, el equipo de gobierno habla de «austeridad». Hidalgo adelanta que la disminución en la contratación rondará el 20 por 100.