Los interinos, durante una de las concentraciones que han realizado en los últimos meses.
UGT y STAS han criticado hoy la decisión de la Junta de oponerse a la readmisión de los casi 500 interinos despedidos en 2012 hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo y han considerado que esta actitud raya la «crueldad» con estos trabajadores ya que el Gobierno regional dijo que los readmitiría.
La secretaria regional del sector autonómico de UGT, Beatriz Tormo, y los responsables de STAS Gustavo Fabra y Anastasio Lorente han informado en rueda de prensa sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) conocido ayer sobre la petición de ejecución provisional de la sentencia de readmisión de 500 interinos de la Junta.
El pasado 7 de febrero la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo en una entrevista que readmitirían a los casi 500 interinos despedidos de forma paralela a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso tras el fallo del TSJCLM.
Los sindicatos han dicho hoy que la decisión de no readmitirlos perjudica a toda la sociedad porque la deuda con estos interinos aumenta según avanzan los días, aunque ellos no acudan a su trabajo.
Según sus cálculos, si el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el caso dentro de un año el dinero que habrá que abonar a los interinos rondará los 40 millones de euros.
Los responsables de UGT y STAS han dicho que respetan el fallo del TSJCM a su petición de ejecución provisional de la sentencia y han subrayado que el proceso judicial sigue abierto en el Supremo.
Beatriz Tormo ha tacha de «inconcebible» la actitud de la Administración regional, al decir que readmitirían a los interinos y luego pedir lo contrario y ha pedido, al igual que los responsables de STAS, que dimitan Cospedal y el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, porque dijeron que estos trabajadores serían readmitidos y han «mentido».
En su opinión, la Junta ha actuado «vilmente» y «rayando la crueldad» con los afectados, a muchos de los cuales se les ha acabado ya la prestación por desempleo o dejarán de percibirla en agosto, cuando se cumplan dos años de su despido.
Tormo ha dejado claro que el dictamen de ayer no es un «varapalo» para los sindicatos porque es la Administración regional la que fue condenada en enero por conducta antisindical.
Asimismo, Gustavo Fabra ha puntualizado que el auto conocido ayer no entra en la sentencia que el mismo tribunal dictó en enero, que sigue siendo «muy contundente» y en base a «unos argumentos muy sólidos».
En su opinión, el anuncio inicial de readmitir a los interinos y luego negarse a la ejecución provisional pedida por los sindicatos es «una irresponsabilidad» que se hace para ganar tiempo y trasladar la readmisión a la siguiente legislatura.
Fabra ha lamentado que casi 500 trabajadores estén en sus casas mientras los servicios públicos están «ahogados» y ha comentado que muchos jefes de personal les han reconocido que estos trabajadores serían muy bien recibidos en los distintos servicios.
«Cuando salga esta sentencia en el Tribunal Supremo esperamos que no haya ningún responsable de este despropósito en el Gobierno regional. En esta línea vamos a trabajar. Vamos a intentar tumbar a este Gobierno que lo único que hace es destruir los empleos públicos y faltar a la verdad», ha indicado.
Por su parte, Anastasio Lorente ha manifestado que cada día que pasa y los interinos no trabajan cuesta a los castellanomanchegos 40.000 euros.
Los sindicatos han convocado una manifestación de ámbito regional el próximo 26 de abril en Toledo, a las doce de la mañana, en defensa de los trabajadores y de los servicios públicos.