Un auténtico «escándalo». Así han calificado UGT y STAS la nota de prensa del Gobierno de Castilla-La Mancha en la que anunciaban la retirada del recurso ante el Tribunal Supremo sobre los 500 interinos. Los representantes sindicales van a convocar asambleas para explicar la decisión del Gobierno tanto a los interinos como a los funcionarios, además pedirán a la Junta que aclaren «en qué capítulo de los Presupuestos van a meter estos 24 ó 30 millones de euros» que ha costado la decisión de suprimir 700 puestos de trabajo de la Administración (400 interinos) que se tomó el 20 de agosto de 2012.
Los sindicatos UGT y STAS-CLM calculan que el despido de los 500 interinos que más tarde anularía el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha pero que recurrió el Gobierno regional para después retirar el recurso (esto último lo anunciaron a primera hora de la tarde del domingo 26 de octubre) le ha podido suponer al Ejecutivo autonómico «entre 24 y 30 millones de euros», tal y como han afirmado Beatriz Tormo, secretaria del Sector Autonómico de FSP UGT CLM; Anastasio Lorente y Gustavo Fabra, secretario de STAS-CLM Intersindical.
Ambos han coincidido en denunciar que el cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha servido de argumento al Gobierno para retirar el recurso, no es de ahora, «sino que tanto ellos como los sindicatos lo sabíamos desde mayo a través de un escrito que nos remitió el propio Tribunal», si bien el cambio de jurisprudencia se producía unos meses antes, en febrero.
Por lo que entienden que la decisión del Ejecutivo de Cospedal de retirarlo «se debe a que se encuentran entre la espada y la pared. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero no en Leandro Esteban, que es un peón, sino en Cospedal, que es la que tiene que mover ficha», tal y como ha afirmado Fabra.
PIDEN DIMISIONES «CON MÁS FUERZA»
Los representantes sindicales señalaban que ahora sí quieren dimisiones porque «la renuncia a este recurso supone que la sentencia es en firme y con ello se está acusando formalmente al Gobierno de saltarse a la torera la Constitución».
A las 13.00 horas del 27 de octubre se había citado a un representante de UGT y otro de STAS para reunirse con el director de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente (si bien se anuló ni una hora después de la rueda de prensa). Horas antes de la reunión, Fabra aseguraba que iban a pedir el cese de De la Fuente, al tiempo que van a solicitar formalmente mediante un escrito la convocatoria de una mesa sectorial para negociar cómo aplicar la sentencia porque ahora se encuentran con centros cerrados (donde había interinos trabajando), cómo se va a realizar el pago de los atrasos… y, por supuesto, «que el ingreso sea efectivo», porque no van a permitir que después se cese a dichos interinos. Además, tampoco van a permitir que se recorten pagas extras para pagar esos 30 millones.
El próximo jueves 30 a las 17.30 horas en la sala Thalia de Toledo los representantes sindicales se reunirán con los interinos afectados para explicar la situación. En el recuerdo queda el domingo 26 cuando se enteraron de la noticia y «la gente lloraba de alegría y rabia», porque han sido dos años en los que algunos interinos se han tenido que enfrentar a ejecuciones hipotecarias, daciones en pago, fin del paro y prestaciones…