Un total de 10.000 viviendas de las 31.457 registradas en la ciudad de Toledo cuentan con más de 50 años de antigüedad y están obligadas a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE’S), según marca la normativa para las ciudades con más de 25.000 habitantes.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Toledo (Coaatie), José Antonio de la Vega, quien ha detallado que en la ciudad existen 7.855 edificaciones de las cuales 2.500, el 31,53 por 100, tienen más de 50 años.
«De las 31.457 viviendas actuales tendrían que pasar la inspección técnica 10.000», ha ampliado De la Vega, quien ha puntualizado que la ordenanza municipal que data del 2000 afecta solo al Casco Histórico, donde hay 3.000 viviendas con más de 50 años, «y quedarían, por tanto, otras 7.000 fuera de él».
De la Vega, en este sentido, ha apuntado a preguntas de los periodistas que la ordenanza «hay que modificarla prácticamente entera, a lo que se comprometió el Ayuntamiento y estamos esperando que se produzca esas modificaciones, porque el ITE’S se circunscribe no solo al Casco y sí a toda la ciudad».
Ha confirmado, además, que en los próximos días se podría firmar un convenio de colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) al objeto de «ayudar y aconsejar a todos los ciudadanos en todo lo que este en nuestra mano como deben pasar las inspecciones».
COSTE MEDIO
El presidente del Colegio de Aparejadores, que ha calificado la inspección de fundamental «porque es obligación del propietario conservar su casa, el bien más caro y más preciado», ha apuntado que el coste medio oscila entre los 250 y 500 euros, dependiendo del tipo de la edificación y que tras la primera habría que volver a pasarla cada cinco nuevos años transcurridos.
«Si pensamos que una inspección es gravar a los ciudadanos mal empezamos», ha apuntado De la Vega, quien ha aclarado que «los Colegios no tenemos ningún baremo y el precio lo pone el profesional que hace la inspección», que ha cifrado en unos 40 euros por habitante y que «no es un impuesto, sino un gasto más y un beneficio claro para el propietario de cualquier vivienda».
Sobre los riesgos de no pasar la inspección, ha aclarado que el Ayuntamiento puede hacerla de oficio, con los costes a cargo del propietario, y de ser negativa y el dueño no hacer las reparaciones pertinentes entonces habría que ir a la ordenanza municipal para comprobar las sanciones que se devengarían por no cumplir.