La Federación Regional de Servicios Privados (FSP) de CC.OO. ha analizado en Alcázar de San Juan la nueva regulación de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial y fijos-discontinuos, que en Castilla-La Mancha afecta a más de 50.000 personas.
A la jornada han asistido medio centenar de sindicalistas en la sede de CCOO en esta localidad y en ella ha participado el secretario general de la FSP estatal, Jesús Béjar, y el profesor Luis Collado.
La secretaria general de la Federación en Castilla-La Mancha, Remedios Toboso, ha explicado a Efe que la nueva regulación del derecho a la jubilación beneficiará a más 50.000 trabajadores, en su mayoría mujeres dedicadas a la limpieza y la ayuda a domicilio y a otras actividades laborales externalizadas por administraciones públicas y grandes empresas.
También se beneficiarán los trabajadores de sectores que, como el mazapán, la hostelería o el campo, tienen puntas anuales de actividad que propician la contratación fija-discontinua.
La nueva regulación rebaja los requisitos de acceso a la pensión de jubilación, mantiene los derechos que se tenían con la legislación anterior y posibilita el acceso a los complementos a mínimos de todos los trabajadores a tiempo parcial y fijos-discontinuos en términos de igualdad con los trabajadores a tiempo completo, independientemente de la duración de la jornada laboral diaria que hayan realizado, ha subrayado Toboso.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los derechos de estos trabajadores a la pensión de jubilación, CC.OO. y UGT, CEOE, Cepyme y el Gobierno llegaron el pasado mes de julio a un acuerdo para establecer una nueva regulación de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial y fijos-discontinuos.
El acuerdo, alcanzado en el marco del Pacto de Toledo, responde a los criterios de igualdad y no discriminación que estableció la Sentencia del TC el pasado mes de marzo, por la que se declaraba nula la regulación anterior en materia de cotización de los trabajadores a tiempo parcial.
La nueva regulación supondrá una mejora de los derechos sociales para más de 2,5 millones de trabajadores en España.