El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha mostrado convencido de que en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) al final habrá una propuesta que mejorará la rebaja de fondos planteada al inicio, aunque ha admitido que «es posible que haya recortes», por lo que habrá que «gestionarlos y priorizar».
Así lo ha manifestado Martínez Arroyo durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, que se celebra este jueves, con motivo del debate general relativo a las repercusiones en la agricultura de Castilla-La Mancha de la reforma de la PAC en el periodo 2021-2027, presentado por los grupos de Ciudadanos (Cs) y PSOE.
El consejero ha explicado la posición de la región al respecto y ha defendido «un modelo de convergencia de las ayudas», algo que, a su juicio, beneficiaría a los agricultores de esta comunidad autónoma, cuyo pago por hectárea está 40 euros «por debajo de la media».
También ha abogado por la desaparición de los derechos históricos y un techo por explotación, a la vez que ha criticado que el PP dejó fuera a los agricultores pequeños por la decisión de limitar las ayudas a expedientes menores de 300 euros.
Martínez Arroyo ha reconocido que la negociación de la PAC es «compleja», pero se ha mostrado convencido de que «al final va a haber una propuesta que va a mejorar el inicio de la negociación» porque «se dan las condiciones».
No obstante, ha admitido que «es posible que haya recortes», por lo que «tendremos que gestionarlos y priorizar» con el fin de «no dejar ninguna explotación familiar fuera», ha aseverado.
El consejero también ha afirmado que, durante los cuatro años en los que se ha pagado el anticipo de estas subvenciones, Castilla-La Mancha ha sido «la primera comunidad autónoma» en abonarlo y ha coincidido con la formación naranja en la necesidad de «precios justos» para el sector.
Ha dicho que no considera las ayudas «redes clientelares», como las ha tildado Cs, y ha agregado que en algunos ámbitos son necesarias y que no se puede plantear una política agraria olvidando las subvenciones públicas.
También ha respondido a la formación naranja que en estos fondos europeos «no hay fraude», como ha indicado el presidente de este grupo, Alejandro Ruiz, pues «los controles son exhaustivos y no hay un pago en nuestro país que tenga más control que los pagos de la PAC», ha remarcado el titular regional de Agricultura.
En la misma línea, el diputado del grupo socialista Julián Martínez ha destacado que el sector primario es «un verdadero motor de empleo y actividad en el medio rural», aunque ha admitido las «dificultades» por las que atraviesa, al tiempo que ha defendido el trabajo de la Consejería de Agricultura y su apuesta por dar prioridad a la orientación de fondos hacia los jóvenes y las mujeres.
Martínez ha respondido al PP, que ha vuelto a denunciar los impagos de la Junta en ayudas a la incorporación de jóvenes al campo y a la modernización de explotaciones, asegurando que el Gobierno regional ha tenido «un gran hándicap»: pagar todo los que los «populares» dejaron sin abonar.
Y ha coincidido con Cs en la necesidad de que el campo no dependa solo de subvenciones y de poner en marcha otras medidas como precios «dignos» para los productos agroalimentarios.
Sin embargo, la portavoz del PP en las Cortes, Lola Merino, ha considerado que ni el Gobierno regional ni el de España están defendiendo al sector como se merece y les ha acusado de haberlo convertido «en una moneda de cambio en la Unión Europea».
Merino, quien ha resaltado que los profesionales del sector «pagan con precios de 2020, pero cobran con precios del siglo pasado», ha acusado a la Junta de dejar a los agricultores y ganaderos «tirados en la cuneta» por los impagos en ayudas y ha retado al consejero a subir a la tribuna de oradores y a comprometerse a no aceptar «ni un solo céntimo de euro» de rebaja del presupuesto de la PAC, «bajo ningún concepto».
Por su parte, el presidente de Cs ha afeado a la Junta que no haya realizado «un plan de contingencia» para paliar el déficit de ingresos de la política agraria ante un posible recorte de los fondos y se ha mostrado en contra de las ayudas y a favor de otras medidas como una bajada de impuestos.
Ruiz ha hecho hincapié en la necesidad de buscar el «consenso» y ha reclamado «transparencia y seriedad» en la negociación de la PAC para evitar «fraudes» a la hora de cobrar, así como una labor de vigilancia por parte de la Administración.