El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha ha denunciado ante los tribunales el proceso extraordinario de méritos para la estabilidad del profesorado interino, ya que, a su juicio, no cumple con lo dispuesto en la Ley 20/20021 y de las 5.300 vacantes, la Consejería de Educación solo ha convocado 116 plazas.
En una nota de prensa, el STE regional ha considerado que la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público “no es buena para los docentes”, dado que “no estabiliza a las personas que han sufrido el abuso”, motivo por el no se ha aprobado oferta de empleo público alguna en los últimos años, ha subrayado el sindicato.
«El Gobierno regional ha calculado mal las plazas»
“El STE-CLM es el único sindicato educativo que ha defendido históricamente el proceso de concurso oposición como sistema de acceso para el profesorado con experiencia y para el nuevo profesorado”, ha añadido la organización, que además ha acusado al Gobierno regional de “calcular mal” las plazas de estabilización y de hacer una interpretación “restrictiva” de la ley, dado que deberían convocarse 994 plazas “y no las 116 señaladas”.
El sindicato ha apuntado que el plazo de presentación de solicitudes se inicia este lunes y permanecerá activo hasta el 21 de diciembre y ha augurado una “competición dura entre el profesorado” en Castilla-La Mancha, pues “solo quienes tengan más puntuación obtendrán de forma merecida su puesto de funcionario de carrera”.
«El profesorado interino de Castilla-La Mancha está en desventaja»
El STE-CLM ha advertido de que el profesorado interino de Castilla-La Mancha está en “desventaja” respecto al de otras comunidades donde la contratación del verano se reconoce con 5,5 meses trabajados y ha añadido que en este proceso de estabilización solo se podrán presentar los docentes aprobados en oposiciones desde el año 2012, “lo que perjudica al profesorado que ha trabajado en diferentes especialidades, especialmente en FP y maestros”, ha sostenido.
El Sindicato de Trabajadores ha denunciado también que no se haya articulado algún proceso para que cada profesor tenga prioridad en la comunidad autónoma donde ha trabajado, una circunstancia que, ha alertado, “generará una alta movilidad interterritorial en personas que, en muchos casos, tienen más de 10 años trabajados y su vida asentada”, ha concluido.